Obsolescencia programada: una lucha con frentes difusos

Las asociaciones de consumidores en Europa están en pie de guerra contra los productos que se fabrican con la idea de que duren poco o tengan deliberadamente una vida útil demasiado corta, pero es algo que es difícil probar

¿Cada cuánto cambia de móvil? ¿Cuántas veces llama al técnico de la lavadora y le dice que además de cobrar la visita el electrodoméstico está para tirar? Si un producto dura demasiado poco y el fabricante lo sabe, porque es una manera de que la gente compre los nuevos modelos, eso tiene un nombre: obsolescencia programada. Esta práctica que se aplica a muchos productos tecnológicos, informáticos o industriales es una de las grandes batallas a las que se enfrentan las organizaciones de consumidores de Europa y su principal dificultad es probarlo. “Es muy complicado detectar esto, y más aún, tener la certeza de que se ha hecho deliberadamente”, explica Ángeles Castellanos, portavoz de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA).

En los últimos años, ha habido tanto en España como en Europa intentos de atajar este problema, sobre todo desde que en 2016 Apple reconoció que su software ralentizaba el funcionamiento de sus iPhones más antiguos. Aunque todavía son pocos los países que se han metido a fondo con el asunto.  

Francia e Italia lideran la carga

Donde más se ha avanzado es en Francia, país en el se consiguió aprobar una ley que regulara la obsolescencia programada en agosto de 2015. En Italia, la autoridad de la competencia multó por primera vez en el mundo a Apple y a Samsung con 10 millones de euros y 5 millones de euros respectivamente porque ambas marcas "causaron fallos de funcionamiento graves y redujeron significativamente el rendimiento" a través de su software.

En Francia, los efectos de su revolucionaria ley, que llega a sancionar a los infractores hasta con penas de cárcel y multas de 300.000 € a los individuos y hasta un 5% de la cifra de negocios a las empresas. Todavía no ha provocado ninguna sentencia ni castigo, pero la organización Halte à l'Obsolescence Programmée (HOP, Paremos la Obsolescencia Programada) interpuso denuncias contra Apple y Epson tras dos años recopilando datos de consumidores.

Pero los avances en este campo siguen siendo limitados. En Europa, el Parlamento Europeo incitó a la Comisión a regularlo y en España varios Proyectos no de Ley (PNL) han pedido al Gobierno que tome cartas en el asunto, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna medida concreta. “No hay sensibilidad en general entre las fuerzas políticas sobre este asunto. Se han presentado en el Congreso diferentes PNL, pero no tiene valor legislativo como tal. Y a pesar de esto, la mayor parte de las PNL presentadas ni siquiera han salido adelante. Tampoco hay excesivo impulso desde la Unión Europea (que podría ser digamos el origen de una futura ley española). En 2017 el Parlamento Europeo aprobó una especie de PNL en formato europeo que instaba a la Comisión a tomar medidas para acabar con la obsolescencia programada, pero esto tampoco ha dado pie a una ley o un proyecto de ley como tal”, se lamenta Castellanos. 

La única administración española que parece que ha dado algún paso al respecto ha sido la Junta de Extremadura, que en febrero de 2019 incluyó en su nuevo su Estatuto para las Personas Consumidoras un artículo sobre la Obsolescencia Programada, pero que lo que propone es que “se impulsarán de medidas” para evitar la obsolescencia programada más que sancionar por ella o regularla.

También la ropa dura menos

Para HOP, “bien sea por vía de la estética, la tecnológica, la técnica o software, la obsolescencia programada agrupa a las técnicas usadas para reducir deliberadamente la vida útil o tiempo de uso de un producto para aumentar la tasa de reposición”. Por su parte, la ley extremeña la entiende como “el conjunto de técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas mediante las cuales un fabricante reduce de forma deliberada la durabilidad de la producción con el objeto de aumentar la tasa de reemplazo o sustitución”.

Como comentan desde FACUA, aunque lo más normal es que afecte a productos tecnológicos y aparatos electrónicos sofisticados, también hay otras cosas que se pueden ver afectadas por estas malas prácticas de fabricación: “Las medias de nylon que usamos las mujeres si no duraban toda la vida lo hacían bastante más de lo que duran ahora, que prácticamente son de usar y tirar. Es un ejemplo concreto, pero ocurre con muchas prendas de ropa. Lo cierto es que con un sistema económico basado en el consumo, es lógico pensar que se trata de incentivar el consumo para que la economía funcione y, por tanto, que los productos a la venta tengan una vida limitada es necesario para que el sistema siga funcionando”.

Para los expertos es la sociedad de consumo la que ha dado pie a unas prácticas, que no solo afectan al gasto de los usuarios sino que también tienen otras consecuencias más globales. “A nivel medioambiental se disminuiría la sobreexplotación de los recursos naturales para la producción y a la vez, se disminuirían también los residuos tecnológicos, que son difíciles de reciclar”, opina la portavoz de FACUA; “una ley que prohíba o desincentive al menos la obsolescencia programada sería desde luego un estupendo primer paso”.

Martín Álvarez

Martín Álvarez

Historiador de formación, periodista de profesión. Inquieto por naturaleza y curioso por defecto.

Continúa leyendo