Qué va a ocurrir con tu alquiler durante el Estado de Alarma

El Gobierno lanza un paquete de medidas destinado a aliviar la situación de las personas más vulnerables, sin perjudicar a los particulares que tienen pisos en alquiler.

Casa de juguete alquiler
Estos días echamos no pocas cuentas

El Consejo de Ministros y el BOE trabajan sin descanso para lidiar con la crisis sanitaria provocada por el virus covid-19 y, a la vez, gestionar el parón económico forzado provocado por el estado de alarma.
 
Y aunque ha habido todo tipo de medidas sobre la mesa para aliviar el enorme coste para empresas y trabajadores que supone la parálisis de cualquier actividad económica que implique interacción humana (excepto los servicios esenciales), hay áreas donde aún existe mucha incertidumbre. Entre ellas algo tan básico cómo qué va a pasar con los alquileres.
 
Muchos inquilinos se encuentran ante la situación de haber perdido sus trabajos por el parón y de no poder hacer frente a los pagos del alquiler de sus viviendas. Y los arrendadores se encuentran en un limbo jurídico ante casos de vencimiento de los alquileres o de qué hacer en caso de impago. Esto, además, afecta especialmente a las personas particulares que tienen viviendas en alquiler y cuyas rentas suponen una parte no menor de sus ingresos familiares.
 
Por eso las medidas que aprobará hoy el Consejo de Ministros tratan de conciliar los intereses tanto de los inquilinos como los de los arrendadores y paliar de alguna manera el impacto económico de la crisis del coronavirus.

Microcréditos para pagar el alquiler

Así, se implementará un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
 
El plan incluye una línea de microcréditos avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.
 
Toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.
 
Este programa habilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará créditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más. Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO.
 
La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.
 
En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de esta en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.

Los contratos se dan por prorrogados automáticamente

Asimismo, la propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con el periodo de estado de alarma.
 
El plan del Gobierno para el alquiler contempla también el supuesto de aquellas personas que no sólo estén afectadas por la crisis, sino que se encuentren en situación "ruinosa". En estos casos, se habilitará parte de los fondos del Plan Vivienda.
 
Distintos colectivos habían reclamado las ayudas para el alquiler, que se suma a la moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual destinada a deudores en situación de vulnerabilidad económica aprobada el pasado 17 de marzo para un mes, en función del estado de alarma, junto a la prohibición del corte de suministros básicos (luz, agua y gas) a los más vulnerables.
 
Igualmente, las nuevas medidas de este martes se suman a las ya implementadas por el Gobierno, con el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias y otras que movilizaron 18.225 millones, y posteriormente el paquete que movilizará hasta 200.000 millones, junto a la moratoria hipotecaria de un mes, entre otras.

Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Ansioso por aprender. Intento ser periodista. Subproducto cultural del cuñadismo New Age. Antes ha pasado por las redacciones de 'El Plural' y en 'El País'.

Continúa leyendo