La doctrina Redmond: enseñanzas de la política corporativa exterior de Microsoft

¿Es Microsoft un país digital, con su propio secretario de Estado? La respuesta de Brad Smith, principal abogado del gigante del software es, por decirlo de algún modo, diplomática. Los Estados están dirigidos por gobiernos y las empresas deben responder ante ellos, afirma. Pero sí, admite también, últimamente le preocupan mucho las cuestiones geopolíticas.

Desde siempre, las grandes compañías han hecho lobby en todo el mundo. Solo hay que pensar en las grandes farmacéuticas o en las principales empresas petrolíferas. A veces, las relaciones que mantienen con las diplomacias de sus países de origen son realmente estrechas: en 2017, el antiguo jefe de ExxonMobil, Rex Tillerson, se convirtió en el primer secretario de Estado del presidente Donald Trump (aunque duró poco y tuvo una actuación más que dudosa). Y, en un mundo globalizado, las multinacionales pueden beneficiarse de una “política exterior corporativa” –término acuñado por Stephanie Hare y Timothy Fort en un artículo de 2011– para que sus prioridades y valores se ajusten a los que imperan en los distintos mercados.

En ningún sector parece esto más cierto que en el de la tecnología. Los gigantes digitales tienen mayor peso e intimidan más que los analógicos (Facebook cuenta con 2.400 millones de usuarios mensuales, lo que supera en dos tercios a la población de China). Ponen patas arriba a todas las industrias, una tras otra, y penetran hasta en el último resquicio de la sociedad. Ejercen con prepotencia su autoridad sobre el sector digital y fijan gran parte de sus normas. Esto lo reconocen muchos países que están pensando en subir de categoría sus consulados en San Francisco y convertirlos en embajadas tecnológicas de facto. El primero en enviar un representante fue Dinamarca, en 2017, y la Unión Europea está considerando la posibilidad de abrir una misión diplomática en la capital de la tecnología.

Las compañías tecnológicas también se están adaptando, y ninguna más que Microsoft. Smith tiene a su cargo un conglomerado del tamaño del Ministerio de Asuntos Exteriores de un país de tamaño medio. Sus 1.500 empleados trabajan en departamentos con nombres como “Aplicación de la Ley y Seguridad Nacional” o “Grupo de Diplomacia Digital”. Microsoft cuenta con delegaciones en 56 países que están en permanente contacto con la sede de Redmond, cerca de Seattle. Smith viaja tanto como un ministro de Exteriores. En un año, ha visitado 22 países y se ha reunido con representantes de 40 gobiernos.

La estrategia de Microsoft, sin embargo, es muy distinta a la de otras grandes tecnológicas. Muchas compañías, tal como hicieron diversas corporaciones antes que ellas, aplican los principios de la realpolitik. En China, Apple censura sus aplicaciones cuando se lo ordena el Partido Comunista. Facebook vaciló cuando el ejército de Myanmar usó la red social para extender la desinformación y fomentar la violencia contra los rohinyás. Google  descartó un proyecto para crear un buscador chino censurado después de que sus propios empleados hicieran pública su indignación, pero planea reabrir su oficina en Egipto, un país gobernado por una represiva junta militar.

En comparación con este cínico panorama, los esfuerzos diplomáticos de Microsoft parecen saludablemente guiados por los principios. La guerra sobre prácticas monopolísticas a nivel mundial en la que la compañía se vio envuelta en los años del cambio de siglo; las filtraciones de Edward Snowden, que revelaron la vigilancia generalizada ejercida por espías americanos; el incremento de ciberataques dirigidos por Estados: estos “puntos de inflexión”, dice Smith, obligaron a la compañía a madurar geopolíticamente, y mucho antes que sus rivales en el caso de la legislación antimonopolio. En Tools and Weapons, libro escrito junto a Carol Ann Browne, ejecutiva de comunicación de Microsoft, y recientemente publicado, Smith defiende el multilateralismo –los problemas globales requieren soluciones globales, dice– y advierte a los jefes de Estado y ministros de Exteriores (de los que ha conocido docenas) del peligro de que la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China divida el mundo en dos campos y todos salgan perdiendo. Smith propone que en las tomas de decisión participen actores no gubernamentales –compañías como la suya, pero también la sociedad civil– incluso si este proceso en el que intervienen todas las partes interesadas es más lento que la aprobación, desde arriba, de decretos gubernamentales.

No se trata de palabrería insustancial. En 2013, Microsoft se negó a entregar al FBI correos electrónicos que se encontraban en su servidor de Irlanda, en un caso de tráfico de drogas, y defendió con éxito su postura en los tribunales. Así puso en marcha el proceso político que llevó al Congreso americano a aprobar una ley que permite a las compañías tecnológicas que entran en conflicto con las leyes de otros países oponerse a ese tipo de órdenes judiciales. También introdujo a nivel mundial cambios requeridos por las estrictas leyes de protección de datos europeas y así contribuyó a que esas normas se convirtieran en un estándar internacional para muchas empresas (y también Estados). En 2017, Smith propuso una “Convención Digital de Ginebra”, un tratado internacional para proteger a la población civil contra ciberataques patrocinados por Estados en tiempos de paz. El pasado mayo, Smith ayudó a lanzar el Llamamiento de Christchurch, una campaña en la que participan 17 países y ocho compañías tecnológicas para “eliminar los contenidos extremistas, terroristas y violentos de la red”. Google y Facebook lo suscribieron. Apple (y Estados Unidos) no.

En opinión de Smith, una política exterior corporativa coherente es simplemente un buen negocio: crea confianza, lo que atrae a los clientes. Sus ideas son acordes con el modelo de negocio de Microsoft, basado en ventas de servicios y software. La empresa de Bill Gates puede permitirse ser más purista en cuanto a la privacidad y la difusión de información falsa –los asuntos más políticamente conflictivos que afrontan en la actualidad las tecnológicas– que gigantes cuyos beneficios proceden de publicidad dirigida a sectores concretos en las redes sociales.

Pero Microsoft tampoco es impecable. Smith dice que no acepta instalar centros de datos de Azure –su servicio de computación en la nube– en países sospechosos de no respetar los derechos humanos. Sin embargo, tiene unos cuantos en China –operados por un socio local–, además de un centro de investigación. Y, aunque Microsoft ha propuesto normas razonables para el uso de la tecnología de reconocimiento facial, antes ensayó sus algoritmos con imágenes de famosos sin que estos lo supieran.

Estados Unidos de Azure

En una organización como Microsoft, es inevitable una cierta dosis de hipocresía. Las acusaciones de los críticos, sin embargo, van dirigidas al meollo de su política exterior. ¿De dónde –preguntan– proviene la legitimidad de Microsoft y otros gigantes digitales para convertirse en actores independientes en la escena internacional? Pero esta no es la pregunta adecuada. Puesto que son negocios, tienen todo el derecho a defender los intereses de accionistas, empleados y clientes; por el hecho de ser globales, pueden tener prioridades distintas a las de los gobernantes elegidos en su país de origen. Y como entidades que controlan gran parte de la infraestructura digital mundial, tienen que tener voz en el diseño de las normas internacionales por las que esta se rige. En una época en la que muchos gobiernos se niegan a ejercer el liderazgo, ¿por qué no iban a estar legitimadas para hacerlo las empresas? Especialmente si, como en Microsoft, en sus esfuerzos se unen los principios con el pragmatismo.

 

© 2019 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos reservados. Perteneciente a Economist.com, traducido por Rodrigo Brunori, publicado bajo licencia. El artículo original, en inglés, se puede encontrar en www.economist.com

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