¿Por fin algo de justicia tributaria mundial?

La OCDE está impulsando la implantación de una ‘Tasa Google’ que parece satisfacer a todas las partes

Getty

Por sorpresa, la OCDE ha anunciado su propuesta de impuesto mundial que pondría fin a la llamada ‘Tasa Google’ y daría paso a una nueva figura impositiva que obligaría a cualquier multinacional de servicios, no solo las digitales, a tributar en aquellos países donde realiza negocios y no únicamente donde tiene su sede fiscal.

La idea es que aquellos grupos internacionales de empresas cuyo nivel de beneficios consolidados a nivel mundial supere la rentabilidad media tendrían que abonar este impuesto mundial, cuyo importe posteriormente se distribuiría entre los países donde residen sus clientes. Faltaría definir cómo se determinará dicha rentabilidad media y cómo se repartirá entre los países beneficiados, pero la música de este nuevo impuesto gusta a muchos y podría ser una realidad ya en 2020.

Por una parte, la Administración Trump se ha pronunciado a favor de esta propuesta dado que ya no sólo se centra en los gigantes tecnológicos, la mayoría de los cuales son americanos y, por otra, las grandes economías europeas ven atendidas sus demandas de poder gravar por fin una parte de los beneficios que se generan dentro de sus fronteras y que, hasta ahora, se declaran y tributan en su totalidad en un tercer país con menor presión fiscal. En este sentido, no sólo Francia y el Reino Unido, que ya están aplicando esta tasa, sino también Alemania, España e Italia saldrían beneficiadas por esta nueva medida, en detrimento de otros países como Bulgaria, Irlanda o Chipre con un Impuesto de Sociedades mucho menor.

Por su parte las multinacionales tampoco se han opuesto al nuevo impuesto mundial, en primer lugar, porque se mantendrían los precios de transferencia, aquellos pagos que las filiales pagan a sus matrices y que, hasta ahora, han permitido trasladar artificialmente los beneficios de los países de mercado a los países donde residen sus sedes corporativas. Y, en segundo lugar, porque en general no supondría un aumento de su carga impositiva sino una nueva distribución de lo que se recaude por sus beneficios extraordinarios entre un mayor número de países.

De modo que se trata de un acuerdo que permitiría una fiscalidad internacional más justa y que terminaría con la competencia desleal de aquellas corporaciones que consiguen pagar menos impuestos aprovechando la globalización de la economía. Vamos, que todos estarían a favor de la equidad mundial, que alguien me pellizque.

 

Benja Anglès Juanpere

Benja Anglès Juanpere

Experto en ingresos y presupuestos públicos; fiscalidad autonómica y local, y tributación de las nuevas tecnologías. Investigador en la fiscalidad de las empresas.

Continúa leyendo