A vueltas con la estrategia

A propósito del covid-19... ¿nacionalizaciones?

La crisis económica desencadenada por el coronovirus ha provocado que algunos invoquen políticas que ya en el franquismo se demostraron ineficaces.

El pasado Febrero, poco antes de que se consumara la crisis en la que estamos metidos sin saber a ciencia cierta cuándo y cómo saldremos, asistí a la representación de una coreografía de Boris Charmartz donde una veintena de bailarines, semi desnudos, realizan 10.000 gestos diferentes sobre el Réquiem en re menor K 626 de Mozart. En un determinado momento, todos ellos se ponen a gritar de forma “dionisiaca y loca”, sobre un fondo de gran intensidad mozartiana. Sobrecoge. Como comentaba Jordi Ribot en el programa de mano, se trataba de un “reto poético” en “clave épica.” Una “cacofonía histérica y grupal”. 

Me viene a la cabeza, de forma recurrente, este fragmento de la obra cuando observo la constante exigencia de ayudas al Estado por parte de muchos de los estamentos económicos y sociales de este país. Y subrayo: exigencia. No hay empresario, asociación, autónomo, profesional, trabajador, corporación, PyME, sindicato o cualquier otro agente social que no reivindique ayudas, subvenciones, financiación sin coste o exención fiscal, en una suerte de “cacofonía histérica y grupal”. Así que no es de extrañar que aquellos turistas españoles varados en extremo oriente “exijan” que el Estado les mande un avión para traerles a casa y que, además, se quejen de que lleven 2 semanas esperando. Es decir, unos más de entre todos aquellos españoles que creen que el Gobierno debe resolver la mayor parte de sus problemas.

Es en este contexto cuando se acentúa el riesgo de que el Estado tome posiciones que no le corresponden. El Instituto Nacional de Industria (INI) nació con la Ley de 25 de Septiembre de 1941, como pilar básico de la estrategia de industrialización del franquismo y con el fin de facilitar que el Estado tomase parte activa y directa en la producción de bienes y servicios. Su fundador, Juan Antonio  Suanzes, justificaba su existencia en el fracaso de los agentes sociales (el Estado liberal y los empresarios) en sus respectivas funciones históricas. La ley fundacional del INI apelaba a vigorizar nuestra economía ante la necesidad de unas inversiones que rebasaban las capacidades de la iniciativa privada, en un país en la ruina de la posguerra y a las puertas de un conflicto continental. Además, en aquella ley se apelaba también a conceptos tales como los intereses de la patria, los imperativos de la defensa nacional, nuestros valores raciales y nuestro destino histórico. Así mismo, se indicaba la falta de entidades adecuadas para financiar los grandes programas industriales en ciernes, y el propio preámbulo concluía “Esto permitirá́ el que el Estado recoja y canalice el ahorro, convirtiéndole en auxilio vivo de la economía del país, de acuerdo con los principios políticos del Movimiento”. Toda una referencia para los que hoy reclaman una banca pública como instrumento político. 

La paradoja de las exigencias actuales

En efecto, a la vista de algunas declaraciones recientes de nuestras autoridades podríamos afirmar que, adaptando solo ligeramente algunos términos, todo lo descrito anteriormente podría ser consistente con la delicada coyuntura político-económica que atraviesa este país. Sin embargo, hasta la aparición de esta cacofonía grupal, la intervención del Estado en la economía se venía criticando intensivamente por una parte de los agentes. Y esto, sin duda, parece una paradoja

Los profesores Martin-Aceña y Comín analizaron en 1991 los 50 años de industrialización de España a través del grupo de empresas públicas del INI, llegando a la conclusión de que el atraso económico del país en los años 50 no obedecía a causas atribuibles a la perversidad de los mecanismos de mercado ni a la incapacidad de la iniciativa privada, y que el INI no fue necesario, como tampoco lo fue la autarquía, el intervencionismo a ultranza o la planificación indicativa. De hecho constataron que el despegue de la economía española solo fue posible cuando se flexibilizó y vinculó con la economía internacional. Es a partir de 1957 cuando se identifica al grupo de empresas estatales como uno de los organismos causantes del desequilibrio macroeconómico por los recursos que absorbe. Pero ya habían pasado 16 años desde su fundación y nos habíamos quedado fuera de Europa y del Plan Marshall. 

Los profesores Martin-Aceña y Comín constataron que el despegue de la economía española solo fue posible cuando se flexibilizó y vinculó con la economía internacional

Nuestra historia nos muestra que las empresas públicas no son indispensables como mecanismos compensadores de renta y de empleo, sino medios costosos que conducen a un asignación de recursos ineficiente, al margen del mercado y de la competencia internacional. Sin mencionar las operaciones de salvamento de sociedades privadas ineficientes, por imposición política y bajo gobiernos de todo color, que quizás debieron dejarse quebrar para que sus dueños asumiesen las responsabilidades que les correspondían en lugar de traspasárselas al sector público y al contribuyente. 

Ahora, nuevamente llegan ruidos de nacionalizaciones, de intervención, de la vuelta de lo público al ámbito de la empresa. Y seguimos planteándonos, olvidando quizás la historia, si corresponde que el Estado vuelva a ser empresario. Las circunstancias son propicias dado que la propia Unión Europea, en contra de sus pilares fundacionales, comienza a dar muestras de tolerancia a lo que se denomina Ayudas de Estado. O lo que es lo mismo, a diluir la Política de Competencia de la UE (Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, 2020/C 164/03).  

Los riesgos de los intereses electoralistas de las nacionalizaciones

Probablemente, en los países con larga cultura empresarial los Estados tomen posiciones temporales para salvar determinadas industrias y, una vez logrado el objetivo, devolverlas al mercado y recuperar los niveles de eficiencia y competitividad que aseguren su existencia a largo plazo. En nuestro caso, el riesgo es que se considere la industria como un instrumento de política social y, soslayadamente, se reinvente un nuevo INI mediante el cual se tomen decisiones que inevitablemente lo serán con horizontes temporales electorales, incompatibles con la visión estratégica a largo plazo de los negocios. Sin mencionar la maldición empírica de la Ley de Wagner, según la cual el crecimiento del sector público es ilimitadamente creciente. Sería algo así como asumir en el s. XXI, en esta España europea, moderna y cosmopolita, el discurso que Suanzes repitió una y otra vez durante sus 20 años de presidencia del INI franquista: la incapacidad de la iniciativa privada justificaba la necesidad de un Estado-empresario. No olvidemos lo que escribió Octavio Paz, “El Estado se ha revelado como...un amo sin rostro, desalmado y que no obra como un demonio sino como una máquina”. 

No obstante todo lo anterior, en las actuales circunstancias cabe plantearse también como actuar ante los movimientos de nuestros socios de la UE, cuando comienzan a tomar o reforzar posiciones significativas en empresas tales como Lufthansa, Alitalia, AirFrance-KLM, PSA o Renault SA. El fondo de estabilización alemán incluye un presupuesto de 100.000 mill€ para la compra de participaciones en empresas en riesgo de quiebra o de ser adquiridas por extranjeros. ¿Podrán nuestras empresas competir con aquellas europeas respaldadas por sus Estados y con un mejor coste de capital? Y ante este dilema ¿deberían permitirse los políticos intervenir nuestros negocios? La debacle en el 2008 de las Cajas de Ahorro, bajo su gestión, está aun muy reciente como para no tenerlo en cuenta. Lo que necesitamos del Estado ahora es inteligencia, ética y defensa de la iniciativa de las personas y de la propiedad, asegurando su libre juego en la sociedad. 

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