Cuando bajar impuestos es una oportunidad

El articulista, uno de los responsables económicos del Partido Popular, argumenta que las bajadas de impuestos emprendidas o anunciadas por parte de las comunidades autónomas son un factor de aceleración y de crecimiento de la economía y del empleo, y cita el ejemplo de Madrid

Libertad para reducir impuestos y miedo a la libertad de quienes lo cuestionan. Esta sería la conclusión del debate tan innecesario como inoportuno que se ha abierto en las últimas semanas en torno a lo que algunas comunidades autónomas han llamado dumping fiscal por parte del ejecutivo madrileño. Esta afirmación es un síntoma de regresión constitucional y una nítida manifestación del miedo a la libertad que algunos políticos españoles vienen presentando recientemente. Porque, más allá de la posición política de cada territorio, la capacidad de establecer y modular los tributos por parte de cada comunidad autónoma es probablemente el pilar fundamental en el que se consolida la base de la autonomía territorial y de la responsabilidad política directa en la España autonómica desde 1978.

La Comunidad de Madrid cuenta ya con una larga trayectoria de rebajas fiscales en las últimas décadas que lejos de diezmar el desarrollo de la economía regional, incluso en etapas de crisis económica, han supuesto un factor de aceleración y de crecimiento de la economía y del empleo. No en vano, la Comunidad de Madrid sigue siendo el polo más dinámico y atractivo de toda la economía nacional, liderando el crecimiento en España en 2018 con un avance del 3,7 % del PIB, con una diferencia de más de un punto con el resto del país, y a un paso de adelantar definitivamente a Cataluña con un PIB regional de 230.000 millones de euros. Y uno de los incentivos inequívocos para este crecimiento ha sido su política tributaria: el Impuesto sobre el Patrimonio está bonificado hasta el 100 %, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones está bonificado al 99 % para los familiares más directos, y del 10 % al 15 % entre tíos y sobrinos, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales está gravado con un tipo del 6 %, frente al 10 % de tipo de gravamen en el resto de España.

Ejemplos por comunidades

De modo ilustrativo, un aragonés o un extremeño con un patrimonio de 800.000 euros pagan anualmente a Hacienda por el Impuesto sobre el Patrimonio más de 1.000 euros, o un cántabro o un valenciano pagan 15.000 euros por una transmisión patrimonial valorada en 150.000 euros, mientras que un madrileño paga 9.000 euros. En caso de fallecimiento, un soltero asturiano que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros paga más de 100.000 euros por aceptar la herencia frente a los 1.586 euros que pagaría un causahabiente madrileño.

Más allá del impacto en renta y patrimonio que tienen estos gravámenes en las economías familiares, por un principio de justicia fiscal, los bienes y derechos por los que se tributan han sido objeto de imposición previa en el IRPF, de modo que hay un doble gravamen temporal. Que solo exista un país en Europa, junto a España, con un impuesto análogo sobre el Patrimonio es indicativo de que el modelo fiscal ha de evolucionar hacia otras fuentes de ingresos. Por lo que se refiere a la imposición directa sobre las personas físicas (IRPF), el programa fiscal anunciado por el nuevo Gobierno, además de incrementos de mínimos exentos personales y nuevas deducciones, introducirá una rebaja de cada tramo del IRPF en medio punto, lo que situará el tipo máximo en el 20,5 % (43 % en suma con el tramo estatal) y el mínimo en un 8,5 % (18 % en suma con el tramo estatal). Una vez aprobada la reforma, un contribuyente madrileño que tenga una renta anual de 30.000 euros al año, pagará a Hacienda 4.645 euros, casi 500 euros menos que un catalán con la misma renta anual.  Para los detractores de la medida, las tesis de Laffer no han fenecido y son plenamente actuales, pues está demostrado empíricamente que una menor presión fiscal aumenta los ingresos de un territorio, a partir, eso sí, de las expectativas económicas y de los factores determinantes de la evolución económica (evolución demográfica de la población, concentración por estímulos administrativos y fiscales de mayor industria, comercio y turismo en la región, estructura de gasto de las políticas públicas).

Más allá del ejemplo remoto de la Administración Ronald Reagan, cabe destacar la reciente estrategia fiscal de Donald Trump, que ha rebajado los tramos del IRPF desde 2018 con un tipo mínimo del 12 % y un máximo del 39,6 %, provocando, en cambio, que la recaudación total por todo su sistema fiscal se haya incrementado en un 12 % y con un crecimiento económico del 2,3 %, cuatro décimas superior al registrado en la etapa de la Administración Obama. A escala nacional, las dos reformas fiscales aprobadas por el Gobierno de José María Aznar (1998 y 2002), según FUNCAS, tuvieron como resultado una reducción del 33 % del tipo medio efectivo por contribuyente, incrementando la renta neta de los hogares en un 5,3 %. El ajuste presupuestario se produjo a través de ganancias de eficiencia por vía del gasto público, de modo que el déficit fiscal de 1996 situado en torno al 6 % se convirtió en superávit fiscal en 2004, reduciendo en el mismo periodo la deuda del 68 %. 

La capacidad para modular tributos es el pilar fundamental en el que se consolida la autonomía económica

El 'mix' ingresos / gastos

Por último, no ha de ignorarse que la política fiscal no recae exclusivamente en la columna de los ingresos y de las transferencias de tributos generales, sino también, y no de modo menor, en el presupuesto de gastos de cada comunidad autónoma.

Es el mix ingresos / gastos públicos en un entorno de restricción al endeudamiento el que configura la estructura de las decisiones políticas. Y en esa elección, que es libertad en la medida que es elongación de la autonomía financiera de nuestras regiones, radica la misma esencia del juego político, puesto que serán los ciudadanos quienes someten a escrutinio electoral a los gobiernos a partir de la provisión de bienes y servicios que se prestan con los recursos que se han recaudado. Cada cuatro años.

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