Cuando lo público y lo privado son necesarios

Ante la proliferación de debates simplistas y tendenciosos sobre quién puede proveer bienes y servicios públicos conviene hacer una análisis jurídico y económico para intentar dar una visión a alejada de las pasiones políticas.

Público y privado
Un miembro del personal sanitario de la Comunidad de Madrid pone un cartel en un hotel de Madrid durante la crisis del coronavirus / Gtres

Como era previsible, en tiempos de crisis global, de confinamiento y hasta de colapso racional y emocional, se han abierto debates de muy diferente ralea. Hay un debate recurrente que trata de buscar los límites y las contradicciones entre lo público y lo privado. Este debate cuando se simplifica groseramente y se polariza mendazmente, tiende a convertirse en un encendido combate por aniquilar al rival, quebrando así los equilibrios, siempre variables, con los que lo público y lo privado han convivido desde la Revolución Francesa. No deseo abrir un debate ideológico, y menos hacer alarde de lugares comunes, simplemente pretendo hacer texto del contexto jurídico y económico para dar una impresión objetiva del asunto de quién puede proveer bienes y servicios públicos en España.

En una aproximación básica a las técnicas y procedimientos de gestión pública, únicamente existen dos categorías posibles: la gestión directa, ya sea por prestación directa de la Administración o ya sea por prestación mediante una entidad instrumental (entidad pública empresarial o sociedad mercantil de capital mayoritariamente público), o por prestación indirecta, ora mediante contratos de concesión de obras o de servicios, incluyendo posibles sociedades de economía mixta, ora mediante contratos de servicios que conlleven prestaciones directas a favor de los administrados.

Ni el PP ni el PSOE han repudiado esta forma de gestión. Pero tampoco el nacionalismo catalán. Recuérdese que la Junta de Andalucía en el año 2010 aprobó un plan de concesiones de más de 2.000 millones de euros, del mismo modo que el contrato de colaboración público-privada se introdujo con un Gobierno no precisamente liberal en la Ley de Contratos del Sector Público en 2007. O la propia Generalitat de Cataluña invocó fórmulas jurídicas de su Derecho foral como el censo enfitéutico o el Derecho de superficie para desarrollar alianzas público-privadas en sectores tan sensibles como instituciones penitenciarias y cuerpos de seguridad del Estado. 

Internalización o externalización

A lo sumo, y en un plano puramente funcional, cabría utilizar un dualismo más simple basado en los conceptos de "internalización" o "externalización". Ahora bien, en un entorno de desregulación y de libre competencia, amparado por el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico nacional, han regido, rigen y deberían seguir rigiendo los principios de mínima intervención y de subsidiariedad

Hay una falacia constante que se construye sobre la base de un concepto erróneo de privatización, tanto desde el punto de vista jurídico como desde una perspectiva económica. Así, si se opta por hacer sinonimia con el concepto de "publificación" por antítesis con una posible privatización previa de los servicios públicos, hay que negar la mayor por cuanto no existe en modo alguno una traslación de propiedad o de dominio a un tercero, sino una mera relación contractual para la gestión indirecta bajo control público de ciertas actividades de mano pública.

A este respecto, y frente a determinadas reconvenciones de fuste ideológico y de marcado carácter apodíctico, vienen al caso las palabras de G. Marcou, a propósito de la experiencia francesa de financiación privada de infraestructura y equipamientos: "Los distintos contratos sobre cuya base el sector privado se encarga de la financiación de las inversiones y/o la explotación de obras públicas y servicios públicos, no constituyen, hablando con propiedad, una forma de privatización, sino que se trata más bien de un conjunto de instituciones jurídicas, que tienen como objetivo movilizar las inversiones privadas y el savoir faire industrial y técnico de, sector privado, con el fin de proveer los equipamientos públicos necesarios para la sociedad y la economía". 

Eficiencia y calidad de servicio por parte de la Administración

Otra falacia consiste en considerar que existe una ganancia de eficiencia y de calidad en la prestación de los servicios públicos cuando son prestados por la organización administrativa. Bajo este ángulo, el debate se ha situado en un conjunto de afirmaciones apriorísticas y no testadas sobre la bondad de los sistemas de gestión directa frente a los sistemas de gestión indirecta, sin que, en ninguno de los ejercicios dialécticos que se han realizado, exista un contraste empírico suficientemente científico que, bajo una experiencia y su contrafactual, permita concluir que tal aseveración, como regla general, sea cierta.

Con ello, no se niega que puedan existir situaciones en las que haya existido una pérdida de eficiencia en la gestión de servicios por parte de operadores externos (vgr., Informe del Tribunal de Cuentas número 1010 de fiscalización del sector local en relación al tramo de entre 5.001 y 20.000 habitantes), sino que no se puede convertir en regla una experiencia fallida derivada de determinadas situaciones particulares. Ni tampoco, la regla contraria.

Para contrarrestar este punto de partida científicamente fraudulento, hay que señalar que lo que interesa a los ciudadanos es que el servicio se preste con los mejores parámetros de regularidad, neutralidad, eficiencia y calidad, siendo indiferente en una primera aproximación que la gestión se haga por agentes públicos directamente, o bajo procesos concesionales o de gestión indirecta. Y que la ideología irracional se postre ante la razón. Aunque solo sea un deseo. 

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