De moratorias y créditos: la banca española en la encrucijada

Las medidas excepcionales que se han tomado durante la pandemia pueden poner en riesgos los avances en buenas prácticas de la banca, si no se abordan responsablemente

Los bancos han avanzado mucho en los últimos años en su transformación digital de modo que pueden ofrecer todo tipo de servicios a sus clientes a través de canales no presenciales, lo que evidentemente ha resultado clave en estos meses. Las entidades han tenido que compaginar mantener abiertas y operativas miles de sucursales, con gran parte de su personal presente, para atender la gran demanda de moratorias y de créditos avalados por el ICO y, a la vez, han tenido que pasar, de un día para otro, y como muchos de sus clientes, a trabajar en remoto, conectados a través de herramientas tecnológicas y soportados por sistemas de gran capacidad.

El reto operativo ha sido extraordinario y también en este ámbito han sabido responder con una enorme capacidad.
En muy pocos meses se han tramitado y decidido decenas de miles de operaciones. Como decía el consejero delegado de una entidad, se han “tramitado en dos meses más operaciones que antes en un año”.
Y es que las medidas adoptadas en respuesta a la crisis han conferido al sector privado y, en particular a los bancos, una función muy importante en atemperar los efectos de la crisis, contribuyendo al mantenimiento de nuestro tejido empresarial para que éste pueda ser la base de nuestra futura recuperación.

Medidas extraordinarias con cobertura legal

Concretamente, en el caso del sector financiero, se trata de medidas de dos modalidades, moratorias legales para el pago de préstamos y créditos hipotecarios y no hipotecarios y la concesión de avales muy relevantes por parte del Instituto de Crédito Oficial como medio de fomentar la concesión de financiación a empresas, sobre todo PYMES, y autónomos.

Se trata de medidas muy distintas en su naturaleza, efectos e implementación.

En el caso de las moratorias legales, se trata de un instrumento legal excepcional, una suspensión ex lege de los efectos de los contratos suscritos entre las entidades de crédito y sus clientes. Esta medida excepcional tiene por causa la situación extraordinaria que se ha producido y responde, como ya ocurriera en la crisis anterior, a la necesidad de adoptar medidas urgentes para aliviar a las familias y a los pequeños empresarios y autónomos en situación de vulnerabilidad, de la carga que supondría la atención a sus obligaciones de pago en un momento en que se había producido una relevante disminución de sus ingresos y de sus ventas.

Es una medida que tiene un alcance limitado en sus beneficiarios, que deben estar en situación formal de vulnerabilidad, y en su plazo de vigencia, tres meses, por lo que ha tenido que ser completada por medio de las moratorias sectoriales, que, acogiéndose a las recientes guías publicadas por la Autoridad Bancaria Europea, han aprobado todas las Asociaciones Bancarias Españolas.

Estas moratorias sectoriales, así como las convencionales, han sido expresamente reconocidas en su importancia y utilidad por el Real Decreto-ley 19/2020, que ha adoptado medidas para dotarlas de un marco jurídico y fiscal más propicio y también de la imprescindible seguridad jurídica, lo que contribuirá a potenciar, sin duda, su capacidad y alcance.

Se trata, en definitiva, de que esta crisis no malogre lo que han conseguido muchos años de correcto funcionamiento del mercado hipotecario español, con tipos que desde hace años comparan favorablemente con los de otros mercados europeos, y que han permitido a millones de familias acceder a una vivienda en propiedad que, en momentos de crisis como éste, constituye un activo de un enorme valor.

Por su parte, los avales concedidos por el ICO implican la asunción de porcentajes de riesgo muy relevantes, y variables, en los créditos concedidos por los bancos a empresas, sobre todo a las PYMES, y también a los autónomos. Aquí sí hay un esfuerzo público notable, que se deriva de esa asunción relevante del riesgo, pero existe también la necesidad de entender y aclarar bien la naturaleza de la operación que se ha realizado. No son ayudas públicas a fondo perdido, ni se trata de subvenciones. Son préstamos concedidos por las entidades de crédito, aunque avalados por el ICO y que habrán de ser devueltos y que sólo deberían concederse a quienes, pasado este momento de dificultad, puedan en un futuro estar en condiciones de devolverlos.

Las entidades financieras en España, al igual que en los países de la Eurozona han comenzado a cambiar de comportamiento. Si hasta ahora habían mantenido unas condiciones más abiertas para la concesión de créditos, los rebrotes de la pandemia parecen estar empujando al sector a reforzarse. Así lo revela la encuesta sobre préstamos bancarios que ha dado a conocer el Banco Central Europeo (BCE). Y que evidencia que las directrices internas o los criterios que tienen las entidades a la hora de aprobar préstamos se han endurecido en todas las categorías: hogares y empresas.

Este negativo escenario económico, más intenso y extenso de lo previsto, vuelve a tensionar la liquidez de muchas de las empresas, incluyendo las que ya han solicitado financiación a través de la línea ICO Avales Covid-19 destinada a financiar el circulante y aliviar esas tensiones. Por eso, no sólo hay que aumentar la flexibilidad de los nuevos créditos pendientes, sino que hay que facilitar la devolución de los vigentes – ya sea ampliando el plazo de amortización, ampliando el período de carencia, o con una mezcla de ambos- para evitar que estas empresas, que son económicamente viables, vuelvan a estar en riesgo de quiebra como consecuencia de sus tensiones de liquidez. Esta es una de las demandas inmediatas de los acreedores en un contexto de contracción extrema de la actividad. Dar respuesta a esta pretensión es necesario pero por desgracia no será suficiente.

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