El asalto del Gobierno vasco a la caja de la Seguridad Social

Las nuevas concesiones del Gobierno Central son un ejemplo más del bloque singular que forman País Vasco y Navarra dentro del Sistema Autonómico

Urkullu y Sánchez
Iñigo Urkullu, Lehendakari, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno / Gtres

Durante 40 años de constitucionalismo asimétrico, la construcción y consolidación del modelo autonómico se ha asentado en la centrifugación pactada y sincronizada de competencias y de recursos presupuestarios a las Comunidades Autónomas, fundamentalmente a aquellas que accedieron a la autonomía por la vía rápida. En un ejercicio de posibilismo y de conformación sistémica del modelo, los decretos de transferencia se han sucedido progresivamente hasta dotar a las Administraciones autonómicas de las atribuciones necesarias para el desarrollo de sus funciones.

En este sentido, el País Vasco y Navarra configuran un bloque singular caracterizado por un modelo de financiación bilateral que se basa en el régimen de convenio y de concierto. Esta especificidad provocó de inmediato que surgiera una Hacienda Foral vasca, articulada a su vez en torno a las tres provincias, que asumiera las tareas de gestión, recaudación e inspección de los tributos de los contribuyentes con residencia en País Vasco. No cabe ninguna duda que esta competencia fiscal ha dotado al País Vasco de personalidad propia en un área crítica, pero también es verdad que para las pulsiones nacionalistas vascas no es suficiente. Y hete aquí que, tras años de reivindicaciones, se ha reiniciado el proceso de negociación de las transferencias en materia de Seguridad Social, como resultado de los pactos asociados a la formación del Gobierno de Sánchez.

Una aspiración tradicional de diferentes Gobiernos vascos con ciertas cautelas que conviene analizar. Por desgracia, el brazo torcido de esta negociación ha impedido que se analice el coste-beneficio de esta transferencia en el seno del Pacto de Toledo, porque las pensiones son una política de Estado con la que no se puede hacer juego alicorto de conveniencia. La diferencia, en suma, entre políticas de Estado o hacer política con el Estado.

Dos opciones, ninguna buena

A falta de conocer el alcance mismo del acuerdo, caben esencialmente dos opciones: fragmentar la unidad de caja de la Seguridad Social para crear un modelo de Seguridad Social vasco autónomo financieramente y con gestión propia, o, por el contrario, avanzar hacia un modelo de transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social sin ruptura de la unidad de caja, pero con atribución de funciones de liquidación y recaudación al Gobierno vasco. Cualquiera de las dos opciones presenta, en mi opinión, severas contraindicaciones y exige una profunda reflexión sobre los costes ligados a ambas alternativas.

Lamentablemente, el País Vasco presenta uno de los mayores déficits de España en cuanto al mix de ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones, situándose el desequilibrio en más de 2.500 millones de euros. Si se individualizase el déficit por pensionista, el resultado del desequilibrio per cápita es de más de 4.500 euros, 2,5 más que la media nacional. En estas circunstancias, y por mucha ilusión y pulsión que pongan, la ruptura de la unidad de caja sumiría al Gobierno vaso en una profunda brecha, que solo podría ser compensada por transferencias del propio Estado, opción harto improbable, o por el propio Gobierno Vasco, opción harto imposible. El nacionalismo tiene un límite aparente que se sitúa en la insuficiencia del sistema propio. O dicho de otro modo, que un pensionista de Amorebieta, de Lezo o de Laguardia no podría recibir su prestación social si no fuera por el esfuerzo del conjunto de todos los ciudadanos españoles. En definitiva, autonomía e independencia pero siempre que no se ponga en riesgo las necesidades del sistema. Lo más parecido a un joven que se emancipa pero come en casa de sus padres todos los días.

La ruptura de la unidad de caja sumiría al Gobierno vaso en una profunda brecha, que solo podría ser compensada por transferencias del propio Estado

A la vista está que el pragmatismo nacionalista vasco impedirá que exista una aspiración maximalista, pero no cejarán en su empeño de que se transfiera la gestión administrativa y económica. ¿Qué supone en la práctica esta transferencia? El control de la altas y bajas de los trabajadores, el control de la liquidación de las cuotas, el régimen de fraccionamientos y aplazamientos en las obligaciones, la gestión de la deuda pública en los concursos de acreedores o el control de la potestad sancionadora. Únicamente el régimen de aplazamientos y fraccionamientos de cuotas ha exigido y debería seguir exigiendo un criterio único y centralizado, aunque solo sea por evitar discriminación en el tratamiento de las empresas en función de cuál sea su domicilio fiscal. Pero, es más, los aplazamientos y fraccionamientos de deuda constituyen un medio de financiación que, si presenta diferencias, se puede convertir en un factor distorsionante de la economía nacional. Análoga reflexión se podría formular sobre los planes de lucha contra el fraude que deberían seguir requiriendo del establecimiento de criterios únicos en toda España.

Pero que nadie se equivoque si piensa que esta negociación va a afectar exclusivamente al País Vasco. En Cataluña, entre encuentros y desencuentros en cinemascope, no tengo ninguna duda de que se va a plantear la cuestión en los mismos términos. Dos negociaciones al precio de una, cuando lo que se pone en juego es la continuidad del modelo tradicional de Seguridad Social. Al tiempo.

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