La covid-19 y la epidemia concursal

Si la moratoria concursal concluye abruptamente es de esperar una oleada masiva de solicitudes de concurso.

Epidemia concursal
Spencer Platt / Getty

Salvo que el Gobierno lo evite en las próximas semanas, el 14 de marzo puede ser el ‘deadline’ para muchas empresas españolas. Cuando el artículo 6 de la Ley 3/2020 suspendió el deber del deudor en España de solicitar la declaración de concurso hasta esa fecha, muchas compañías en nuestro país respiraron momentáneamente, a sabiendas, sin embargo, de que en seis meses las opciones de revertir las situaciones de insolvencia eran pírricas.

La incertidumbre de la duración de la crisis sanitaria y económica ha provocado que la legislación financiera y mercantil se apruebe compulsivamente y a intervalos de tiempo, a la espera de que las causas de la pandemia remitan definitivamente. La lógica jurídica de la temporalidad de las normas en circunstancias de emergencia nacional se compadece mal con la búsqueda permanente de certidumbre por parte de los operadores mercantiles. El Derecho concursal de emergencia puede tener sus días contados.

Si la moratoria concursal concluye abruptamente es de esperar una oleada masiva de solicitudes de concurso en un sistema, como el español, que prima la liquidación empresarial antes que la continuidad. No en vano, según fuentes de las principales organizaciones empresariales, más de un 40 % de las empresas nacionales van a necesitar reestructuración de los plazos de su deuda parar atender los intereses, y más de un tercio tendrán problemas sistémicos de solvencia. El crédito público apalancado con crédito de entidades financieras privadas no es sino un paliativo en un sistema que requiere de ayudas directas a las empresas y a los sectores más afectados, además del desarrollo normativo y operativo de mecanismos de recapitalización para dar la vuelta a la situación de descapitalización de nuestras empresas.

Y debe reconocerse que, de modo generalizado, las declaraciones de concurso van a obedecer a razones exógenas, y no endógenas, propiciadas por el devenir de la enfermedad y sus secuelas empresariales. Además, de no adoptar urgentemente medidas de ampliación temporal de la moratoria mercantil, habrá un "efecto dominó" que empezará inicialmente por las empresas de los sectores más directamente afectados por la crisis atendiendo la estructura productiva nacional (turismo y hostelería) para infectar posteriormente a los proveedores de bienes y servicios, y demás sectores allegados a la actividad concernida.

¿Qué empresas son viables?

Pero, ¿deben salvarse todas las empresas? Hay que valorar, llegados a este punto, qué compañías son viables y qué sociedades son inviables, a riesgo de evitar que mantengamos una economía formada parcialmente por empresas ‘zombi’. Para las viables, y más allá de los recursos judiciales, hay que incentivar la existencia de procedimientos de negociación extrajudicial paralizando la acción liquidadora de la administración de justicia, cuya función quedaría limitada a ratificar los acuerdos alcanzados por los operadores para evitar la liquidación. A diferencia de las viables, las no viables deberían entrar en un proceso obligado de liquidación atendiendo la posibilidad de salvar aquellas unidades de negocio que, segregadas, puedan subsistir. Algunos juzgados de lo mercantil de Barcelona han venido ya a instrumentar mediante los denominados ‘prepack’ la enajenación de unidades productivas singulares.

En un contexto en el que el interés por la adquisición de unidades es muy relativo, parece razonable apostar por estimular la compra por personas físicas y jurídicas especialmente relacionadas con la empresa en concurso, a salvo, lógicamente, que por dolo o culpa grave, hayan intensificado el estado de insolvencia. La primera ventaja de que la compra la lleven a cabo operadores ligados directamente a la concursada es que reduciría notablemente los costes de transacción para llevar a cabo la oferta. Y la segunda, no menos importante, es que reforzaría los sistemas de control en vez de incrementar las amenazas de fraude. Sin embargo, la legislación aprobada incurre, en mi opinión, en un error; subsanable pero error, y es que tras haber fomentado la financiación de empresas insolventes por parte de personas especialmente relacionadas, se les impide en la mayoría de los casos postularse como eventuales adquirentes.

Financiación y moratoria concursal, además del efecto analgésico de los ERTE, han provocado que actualmente no se haya producido un aumento sustancial de cierres y concursos en la mayor parte de los países europeos. Ahora bien, hay síntomas alarmantes que anuncian un cambio de patrón si no se toman medidas inmediatas. El deterioro apreciable de la cuenta de resultados de muchas empresas en 2020 y las disminuciones de rating señalan inequívocamente a un aumento irreversible de las solicitudes de concurso. Es una hora crítica y no cabe demorar la respuesta. De lo contrario, el impacto en términos de demolición de tejido productivo puede ser inédito. El reloj sigue marcando las horas. Alguien debería pararlo.

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