Las retribuciones de los directivos en el sector público, a debate

En la dialéctica público-privado, azuzada de diferente manera por los partidos políticos, no suele analizarse rigurosamente el efecto que los salarios tienen en el desempeño de las diferentes funciones.

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Que hablamos por hablar no es una novedad, y menos cuando se nos referimos a ciertas cuestiones donde parece existir un consenso generalizado basado en prejuicios tradicionales. Probablemente mi condición de Interventor y Auditor del Estado y de Inspector de Hacienda del Estado, cuerpos clásicos de la Administración General del Estado, y mi experiencia en el sector público treinta años, me ha permitido comprobar de primera mano las contradicciones inherentes al régimen de retribuciones del sector público. En la dialéctica público-privado, azuzada de diferente manera por los partidos políticos, no suele analizarse rigurosamente el efecto que los salarios tienen en el desempeño de las diferentes funciones. Es más, existe una corriente de pensamiento, más intuitiva que otra cosa, que parte de considerar que la continuidad estatutaria del empleado público hasta la jubilación debería ser considerada como un patrón de determinación de las remuneraciones, frente a la incertidumbre propia de los sueldos del sector privado. Esta afirmación admite variables de todo tipo como se verá a continuación.

Como primera aseveración de principio, las retribuciones de los altos cargos y directivos de la Administración dista enormemente de las retribuciones análogas de directivos y responsables con cargos relevantes en el sector privado. El Presidente del Gobierno cobra, por todos los conceptos, excluida la retribución en especie por sus gastos de alojamiento y manutención, la cantidad de 85.608,72 euros brutos mientras que un Vicepresidente del Gobierno, Iglesias por poner un ejemplo, cobra 80.463,96 euros brutos, lo que supone una retribución mensual de 6.705,33 euros brutos. Un Ministro como Garzón o Irene Montero percibe un sueldo anual de 75.531,84 euros brutos.

Llegado a este punto, y más allá de afirmaciones desprejuiciadas sobre la capacidad de cada uno de los titulares de los Departamentos, parece lógico afirmar que las retribuciones son extremadamente bajas si se comparan con las retribuciones equivalentes en el sector privado. Un Presidente de una compañía del IBEX35 puede percibir una retribución bruta anual cincuenta veces superior a la del Presidente del Gobierno y los CEOS de las compañías del principal mercado bursátil español hasta treinta y cinco veces más que un Ministro. En cambio, si se fijara la retribución por gasto sobre PIB, el gasto del sector público representa en torno al 40 por ciento sobre la riqueza nacional, lo que podría llevar a hacer una extrapolación de lo que supondría en términos de retribuciones de un Presidente del Gobierno sobre sector privado. Es evidente que la fórmula no puede ser proporcional, pero tampoco puede ser exponencialmente inversa. 

Por otro lado, los Presidentes de las Comunidades Autónomas y los Alcaldes de los principales Ayuntamientos tienen unas retribuciones divergentes. Sin ir más lejos, el Presidente de la Generalitat de Cataluña percibe 146.926,70 euros brutos, casi 60.000 euros más que el Presidente del Gobierno de España. Si bien la autonomía política y la personalidad jurídica de las distintas Administraciones Públicas admiten estas diferencias, no existe racionalidad alguna desde el punto de vista económico y desde la perspectiva de los incentivos retributivos aparejados. Otro sinsentido económico más en la configuración de las retribuciones del sector público.

Pero, es más, en el sector público estatal, un Secretario de Estado o un Subsecretario, al servicio directo de un Ministro, cobran más que este, en concreto 115.000 euros brutos y 105.000 euros brutos aproximadamente cada uno de ellos. Póngase a pensar en una empresa en la que jerárquicamente los mandos y empleados de escalas inferiores cobrasen más que los directores de esas áreas. No existe el caso, cuando en el sector público esto ocurre porque además así lo establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Pero no acaba aquí el desatino porque un Presidente de una compañía como RENFE o Correos percibe una retención en torno a 180.000 euros brutos anuales. Analizando la cifra de negocio o el número de empleados (en Correos más de 50.000 trabajadores) adviértase las diferencias retributivas con compañías privadas, algunas competidoras en el mismo sector. O el caso de AENA, única compañía pública cotizada, cuya retribución del Presidente se sitúa también en 180.000 euros frente a las retribuciones de los Presidentes de las compañías que componen el parqué bursátil. Allí es nada.

Por último, no existen retribuciones vinculadas a resultados, de modo que el Presidente de RENFE, por poner un ejemplo, recibirá la misma retribución aprobada por el Ministerio de Hacienda, con independencia de la cifra de negocios, la evolución de la cuenta de resultados o el cumplimento de los objetivos de su plan estratégico. A falta de estímulos retributivos, queda indudablemente el compromiso y la responsabilidad de cada uno en el ámbito del sector público como principal acicate para un comportamiento eficiente, máxime en puestos donde no se requiere la condición de funcionario y en la que estás expuesto a un cese en cualquier momento. Si a todo ello se suma el rígido régimen de incompatibilidades por posible conflicto de intereses al cesar en el cargo, se hacer muy difícil captar grandes profesionales del sector privado. Para que luego digan lo que dicen. Hablar por hablar.

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