Muerte y resurrección de la Renta Básica Universal

Este sistema permitiría garantizar unos ingresos mínimos a cada persona en un nuevo mundo laboral donde es cada vez más díficil encontrar trabajos estables.

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Nació como una idea vinculada al pensamiento neoliberal de Friedman, creció en la izquierda poscomunista de filósofos como Van Parijs y durmió el sueño de las ideas justas durante más de 20 años. Sin embargo, la propuesta de una Renta Básica Universal ha renacido en el último lustro y de nuevo está ganando peso en el debate de las políticas públicas. Y ya no lo hace como una propuesta de un puñado de radicales poscapitalistas, sino como una idea merecedora de debates en medios tan alineados con el pensamiento considerado estándar como lo es el periódico económico británico Financial Times.

Un ingreso incondicional para todos

Desde un punto de vista teórico, el atractivo de la Renta Básica Universal es incuestionable: un ingreso incondicional para todas las personas mayores de edad, suficiente para que toda la ciudadanía tenga un mínimo vital asegurado, pero que se otorga con independencia del nivel de renta del perceptor. Sencillo y eficaz.

La financiación provendría de los recursos impositivos y se distribuiría sin apenas costes de estructura ni transacción. Sencillamente, se proporcionaría cumplida la mayoría de edad. Las razones para su puesta en marcha son múltiples: además de mejorar los niveles de igualdad económica y social, el acceso a una renta básica permitiría a toda la población tomar mejores decisiones vitales como, por ejemplo, aceptar unos tipos de trabajo y rechazar otros por sus malas condiciones o sus malos salarios, dedicar un año a la formación y reciclaje profesional o incrementar las horas destinadas a los cuidados personales o familiares. Una renta básica incrementa las capacidades de las personas para tomar decisiones libres fuera de la agobiante presión de la subsistencia.

Otra concepción de la ciudadanía

Sus detractores, que no son pocos, apuntan a la inmensa cantidad de recursos fiscales que deberían movilizarse para atender a semejante factura de gasto social. Más allá de su coste, la idea de que la población pueda acceder a ingresos sin trabajar choca frontalmente con una concepción de la sociedad en la que el trabajo es tanto un derecho como un deber: si no se trabaja, no se tiene derecho a acceder a ingresos. De alguna manera, el estado social se basa en la conveniencia de proteger a las personas cuando no pueden trabajar: porque las han despedido, porque están enfermas o han sufrido un accidente o porque son demasiado mayores.

Esta concepción de la ciudadanía está cambiando con la revolución digital: las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones nos empujan a un mercado laboral polarizado, donde una parte importante de la población no podrá acceder a puestos de trabajo de calidad y con la suficiente estabilidad en el tiempo. Así conoceremos trabajadores de plataformas digitales, inmersos en la gig economy -o economía bajo demanda- que tienen una intensidad laboral baja o muy baja, trabajando unas pocas horas al día o pasando de un proyecto a otro sin lograr establecer una carrera profesional estructurada; o veremos a obreros cualificados en trabajos que se automatizan en pocos años y con pocas posibilidades de reconversión.

Las nuevas tecnologías nos empujan a un mercado laboral donde gran parte de la población no podrá acceder a trabajos de calidad

En un contexto en el que la intensidad laboral va a ser baja o muy baja para un sector importante de la población, los principios básicos en los que se basa el estado social tradicional se resquebrajan. ¿Cómo podrá el sistema de bienestar sostener su financiación en contribuciones personales cuando los ingresos son bajos e intermitentes? ¿Cómo entender el sistema social como una red de protección frente al infortunio cuando no tener un trabajo permanente se convierte en la norma y no en la excepción? Y es desde este punto de vista desde donde la propuesta de la Renta Básica vuelve a ganar protagonismo.

Un sistema de Renta Básica Universal permitiría garantizar unos ingresos mínimos a una población que, crecientemente, se encuentra con dificultades para mantener corrientes de ingresos estables. En un contexto económico y social en el que una parte relevante de la población no tiene acceso a medios estables de vida en toda su trayectoria profesional, la red de seguridad proporcionada por el sistema social tradicional es claramente insuficiente. La puesta en marcha de mecanismos de garantías de rentas podría ser parte de una solución a este creciente reto.

El impacto del capitalismo digital

Así, la Renta Básica Universal está viviendo un nuevo ascenso en el debate público: de ser una propuesta radical dirigida a proporcionar una vía capitalista al socialismo -como la definió Van Parijs- a ser una medida en el menú de opciones para rebajar el impacto social del capitalismo digital. Hasta el momento, su aplicación práctica se ha basado en experimentos sociales. El más conocido de ellos ha sido el desarrollado en Finlandia durante dos años, dirigido a conocer el impacto de la misma en dos mil personas, se interrumpió antes de lo programado, concluyendo que había aumentando el
bienestar de los perceptores sin modificar su propensión a buscar otras fuentes de ingresos.

Más recientemente, en España, el Laboratorio de Economía del Comportamiento de la Universidad de Valencia constató que el acceso a un ingreso incondicional no variaba la productividad de los estudiantes que participaban en el mismo. Proyectos desarrollados en países en vías de desarrollo, como los impulsados por la organización Givedirectly en Kenia, han mostrado una eficacia muy notable, al proporcionar un ingreso que las personas más pobres administran sabiamente para establecer nuevos negocios, ahorrar o incrementar sus niveles de educación.

Pagarán las tecnológicas

Estos experimentos no son escalables hacia el conjunto de la población, por lo que el debate se centra realmente en la implementación de otras modalidades de garantías de ingresos como el ingreso mínimo garantizado (se garantiza un nivel de ingresos mínimo, a partir del cual el apoyo público se va reduciendo), o el impuesto negativo de la renta (por el que los trabajadores pobres reciben un bonus si se encuentran por debajo de determinado nivel de ingresos). Alternativas todas ellas más baratas al no ser universales y centrarse únicamente en el sector de la población con menores ingresos anuales.

Pero si el problema de la renta básica es su alto coste y su financiación, ¿qué opciones se podrían barajar para su implementación? La primera podría ser un incremento de los impuestos sobre el capital y las empresas tecnológicas. Otra podría ser que las propias empresas se comprometieran a financiar una parte de la misma a los trabajadores que están adscritos a sus plataformas. En cualquier caso, el debate renovado sobre la Renta Básica no ha hecho sino comenzar, abriendo la posibilidad de ofrecer nuevos instrumentos para la reforma de un estado social que, en sus caracterizaciones actuales, parece no poder dar más de sí.

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