Populismo fiscal como modelo de sociedad

El articulista considera que, al margen de polémicas y debates sobre si hay que bajar o subir los impuestos, lo más grave en política fiscal es la falta de un consenso mínimo sobre cuál debe ser el nivel de ingresos públicos para mantener el gasto social

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Que España necesita una reforma fiscal no es nuevo. Tenemos un sistema fiscal poco progresivo, en el que el 10 % más pobre paga, proporcionalmente, más impuesto que la clase media. Nuestros ingresos fiscales son entre siete y ocho puntos menos de los que mantienen, de promedio, nuestros socios de la eurozona, y nuestro sistema impositivo es un queso lleno de lagunas para beneficiar no siempre a quienes más lo necesitan. 

Sin embargo, lo más grave que mantenemos como país es la ausencia de un consenso mínimo sobre cuál debe ser el nivel de ingresos públicos para mantener el gasto social. España mantiene un déficit estructural del 3 % del PIB y una deuda pública cercana al 100 % del PIB, lo cual nos deja sin mucho margen de actuación en el caso de que aparezca una nueva recesión en el horizonte. La teoría económica nos dice que para moderar los efectos de las subidas y bajadas de los ciclos económicos, en momentos de recesión se deben bajar los impuestos y en momentos de crecimiento subirlos. Pero llevamos ocho años haciendo lo contrario: el Gobierno de Rajoy subió el IRPF y el IVA y, cuando comenzó la recuperación, nos llevó a rebajas fiscales que, de acuerdo con la Agencia Tributaria, supusieron una pérdida de 12.000 millones de euros entre 2015 y 2016. Cada vez que un gobierno local, autonómico o central plantea la necesidad de subir los impuestos, se habla del hachazo a los bolsillos de los contribuyentes, del sablazo fiscal, como si la oposición no fuera consciente de la necesidad imperiosa, en primer lugar, de obtener unos ingresos suficientes para mantener el estado social sin incrementar la deuda pública o, llegado el caso, de necesitar realizar recortes en los gastos públicos para poder equilibrar las cuentas.

Lo más grave que mantenemos como país es la ausencia de un consenso mínimo sobre cuál debe ser el nivel de ingresos públicos para mantener el gasto social

La expresión máxima de este populismo fiscal lo vivimos, desde hace años, en la Comunidad de Madrid: el nuevo gobierno de la coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, apoyado desde la “oposición” por Vox, se ha planteado como meta el realizar la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid, queriendo, de esta manera, contrarrestar los presumibles efectos de las subidas de impuestos planteadas, pero no ejecutadas, por el Gobierno de Pedro Sánchez. La idea no podía ser peor.

Madrid es, tras Navarra, la comunidad autónoma con mayor renta por hogar, seguida muy de cerca por el País Vasco. Además, es la segunda comunidad por volumen de PIB y la que más aporta, en términos per cápita, a la financiación de los servicios públicos del conjunto del Estado. Su importancia no pasa desapercibida. Sin embargo, es la comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan: en todos los tramos del IRPF, en donaciones, tiene eliminado de facto el Impuesto de Patrimonio y prácticamente en Sucesiones. La diferencia no es grande, pues la capacidad de las comunidades autónomas de rebajar sus tipos es relativamente limitada, pero sí significativa.

Se podría señalar que la posición fiscal de Madrid es la correcta: su déficit público es de un 0,2 % del PIB -prácticamente en equilibrio- y su deuda pública una de las más bajas, con alrededor de un 14 % del PIB regional. Mirando estos datos, sería factible justificar esa bajada de impuestos. ¿Cómo ha logrado la Comunidad de Madrid estos datos tan positivos para seguir teniendo “margen” para bajar impuestos? Sencillamente, laminando el gasto público.

Atendiendo a su presupuesto, Madrid es la comunidad autónoma con menores gastos e ingresos públicos per cápita de todas las comunidades autónomas. Es, tras Canarias, la comunidad autónoma con menor gasto sanitario público por habitante, un 25 % menos que el País Vasco. El gasto público en educación es, medido en términos per cápita, el más bajo de España, con 687 euros, siendo, de acuerdo con un estudio de FEDEA, un 15 % más bajo que el promedio del conjunto de las comunidades autónomas. Madrid es la comunidad autónoma, junto con el País Vasco, donde menor peso tiene la educación pública, y con mayor índice de segregación escolar -la separación en los centros educativos entre alumnos ricos y pobres-, que además ha crecido un 35 % entre 2009 y 2015 según datos de Save the Children. En términos de gasto en servicios sociales y promoción social, Madrid se sitúa de nuevo en el furgón de cola, con un gasto per cápita solamente superior al de Baleares, Murcia y Canarias.

Bien podría decirse que, dado que es la comunidad más rica, quizá no sean necesarios estos gastos. Pero no es así: pese a ser una de las comunidades autónomas más ricas, la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social se sitúa por encima de comunidades autónomas con menor renta per cápita, como Baleares, Aragón, Asturias o Cataluña. De acuerdo con un estudio de Nuria Bádenes y José María Buenaventura, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales en 2017, Madrid es la comunidad autónoma más desigual de España, y la región donde el efecto redistributivo de los servicios públicos de educación y sanidad es más bajo.

España debería haber aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para mejorar su situación fiscal

Política nacional en las regiones

Frente a esos datos, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid apuesta por seguir reduciendo el peso del sector público en la región, aduciendo un efecto llamada que en gran medida viene caracterizado por la condición de ser la región que alberga la capitalidad de España. Una región que, aprovechando esta condición, lleva desde 1995 consolidando un modelo de sociedad desigual y altamente beneficioso para los más acaudalados, que obtienen múltiples ventajas de estas rebajas fiscales y pueden permitirse un mayor gasto privado en sanidad y educación.

Atendiendo a estos datos, la decisión de bajar de nuevo los impuestos no puede ser más nefasta. España debería haber aprovechado el crecimiento económico de los últimos años para mejorar su situación fiscal y revertir algunos de los efectos más perversos de la crisis económico. Al contrario, se ha aprovechado para recortar impuestos y mantener a una parte de la población en situación de vulnerabilidad. La política del nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid ahonda en esa dirección, prometiendo rebajas fiscales que necesariamente van a bloquear la capacidad de revertir los peores recortes acaecidos entre 2010 y 2013. Según el presupuesto de 2019, el gasto sanitario en la Comunidad de Madrid está todavía un 5 % por debajo del alcanzado en 2009, sin tener en cuenta además el nivel de precios, que ha crecido un 13,1 % en esta década.

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