Se buscan empresarios de éxito para la gestión pública

Comparar la gestión pública con la privada no siempre tiene sentido, ni el grado de responsabilidad y escrutinio son comparables

No deja de ser frecuente entre las discusiones de café y las tertulias políticas a medio gas, que alguien exclame categóricamente que “de otro modo nos iría en política si determinados empresarios y profesionales de éxito ocupasen puestos de responsabilidad política”. O alguna frase de algún tenor semejante. Existe una percepción extendida de que en la política actual hay una nueva raza de profesionales cuyo porvenir único es aferrarse al puesto sin ningún pasado ni futuro conocido ni reconocible. Y que los mejores carecen de incentivos suficientes para dar el paso necesario para incorporarse a la actividad pública.

De otra parte, también es harto usual escuchar que los políticos son la fiel transposición de la sociedad que representan y que no son más que el trasunto sociológico de ella. Ni más ni menos. Pues bien, pudiera ser que todas y cada una de estas aseveraciones fueran parcialmente ciertas, si bien pudiera ser también que encierren no pocos juicios de valor.

 

Muchos prejuicios, poca realidad

En primer lugar, es categóricamente falso que en la gran política existan sólo supervivientes profesionales. Es cierto que los hay, y algunos muy reconocibles, pero en modo alguno son mayoría. Es más, por encima de las titulaciones universitarias de los diputados y senadores, que son más que en los primeros años de la Transición, muchos han accedido a su puesto de responsabilidad política después del ejercicio de cargos en la Administración Pública como empleados públicos o han sido profesionales ejercientes en diferentes ámbitos de la actividad privada. En origen, pues, no se puede negar formación y especialización a una gran parte de los cargos electos del Congreso y del Senado. Por último, no es inusual escuchar que al menos deberían tener todos un grado universitario. Esa afirmación creo que es errónea y, por poner un mero ejemplo, impediría que personas como Amancio Ortega, cuyo mérito es incuestionable, pudiera ser representante político.

Otra cuestión es si son o no los mejores. Este análisis es extremadamente complejo porque obligaría a determinar las capacidades, fortalezas y destrezas de cada persona en ecosistemas profesionales diferentes. Indudablemente hay excelentes profesionales en el sector privado cuyas habilidades y experiencias de éxito podrían ser importadas al sector público. O no. Y esa es la cuestión: los incentivos y desincentivos que pueden hallar en el caso de su inserción en el espacio de las responsabilidades públicas. A estas alturas de mi vida, he sido testigo de muchos casos de frustración o de resignación, y todos tienen prácticamente las mismas causas.

Más reglas, más escrutinio, más responsabilidad, menos retribución

En primer lugar, los equipos son muy rígidos en el sector público, por lo que no existe la elasticidad ni la adaptabilidad de plantillas y recursos humanos que hay en el sector privado. Incluso los equipos de confianza son muy reducidos. Con carácter general, y ante un primer intento estéril de situar profesionales captados en el sector privado, acaba el político recurriendo a directivos funcionariales. Y he de decir que, de manera genérica, siempre acaban siendo un descubrimiento para el recién llegado. Son grandes profesionales y conocen los procedimientos y los recursos normativos de Derecho público como nadie.

En segundo lugar, las retribuciones. Pondré un ejemplo. En mi época de Subsecretario de Fomento o de Secretario de Estado, con una retribución aproximada de 110.000 euros brutos anuales, llegué a gestionar un presupuesto de 18.000 millones de euros con 100.000 empleados públicos a mi cargo. Como Consejero de Hacienda de Aragón mi retribución se situaba en 65.000 euros brutos al año, 6.000 millones de presupuesto y 100.000 trabajares públicos también. Si hiciéramos la equivalencia con un puesto de Secretario General de una empresa del IBEX35 o de CEO, se vería que la retribución en algún caso es diez veces superior a la del responsable público. Se podrá decir que en el sector público juega un principio de interés general y de sacrificio personal. Así lo he entendido yo y nunca me he quejado. Pero puedo perfectamente entender que los profesionales privados de determinado nivel no sientan ningún estímulo retributivo. Las retribuciones de los Ministros españoles son de las más bajas de los países desarrollados y, siendo asi, seguimos con una pulsión, casi subasta, por reducir sueldos, en línea con la depauperación de la política y de su percepción social.

En tercer lugar, el directivo privado no está acostumbrado al escrutinio mediático, político y social que afecta a los grandes responsables públicos. La carga de exigencia mediática, con análisis escasamente rigurosos de la actividad desarrollada, muy sesgados por intereses partidistas, someten al político a un examen constante con escasas opciones de aprobar por puro apriorismo e ideología. A eso se suma que cualquier acto o decisión administrativa está sometida a múltiples controles jurídicos, presupuestarios y contables que son radicalmente diferentes a las formas de gestión privada, más rápidas y sujetas a menos rigideces administrativas.

Con todo, ya son unos cuantos a los que he visto cómo acaban rendidos fruto del desengaño y de la desilusión. Y cómo les cuesta explicar estas causas de su fracaso a un público que no consiente una explicación que dure más de dos minutos. Por ello, haríamos bien en iniciar una reflexión profunda y crítica de dónde se hallan las resistencias al cambio, y avanzar hacia una cultura de lo público que seduzca a los mejores. Paciencia.

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