Un buen sistema, necesitado de reformas

Si los políticos no logran garantizar la estabilidad del sistema, pondrán en riesgo un patrimonio solidario y común que ha costado mucho erigir

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Un sistema de pensiones es absolutamente prioritario para la estabilidad social y económica de cualquier país. Por eso, debemos mimarlo, cuidarlo y procurar que sea sólido y estable en el tiempo. Desgraciadamente, en casa, las dinámicas políticas han roto los consensos de antaño y asistimos a su rápido y progresivo deterioro, ya que no se están poniendo las bases para su sostenibilidad futura. Pero antes de plantear posibles soluciones, conozcamos los diferentes sistemas de pensiones existentes, que, básicamente, pueden ser dos: el de reparto y el de capitalización.

En el sistema de reparto, que es el vigente tanto en España como en la mayoría de países europeos, funciona el principio de caja única. Todas las cotizaciones de hoy entran en la tesorería del sistema, de la que cobran inmediatamente los pensionistas actuales. Es decir, funciona lo que se conoce como solidaridad intergeneracional: los cotizantes de hoy pagan las pensiones de los que cotizaron en el pasado, mientras que esperan que los cotizantes del mañana paguen sus pensiones futuras. El sistema de capitalización, por el contrario, se asocia al ahorro individual. En este sistema, las cuantías que cotiza cada trabajador se invierten en una cuenta personal, que va engrosándose con el tiempo tanto por sus aportaciones mensuales como por la rentabilidad posible. Tanto en uno como en otro sistema, de manera obligatoria, empresa y trabajador deben pagar mensualmente su parte correspondiente de cotización social, normalmente calculada en base a un porcentaje sobre el salario bruto a percibir. La proporción de la cotización satisfecha por la empresa y por el trabajador es variable. Así, en España, el peso recae sobre todo en la empresa, mientras que en la mayoría de los países europeos el reparto es más equilibrado.

¿Capitalización o reparto?

¿Cuál es mejor, el sistema de capitalización o el de reparto? Pues ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes. Así, el de reparto es muy sólido mientras los ingresos de los cotizantes actuales equilibren a las pensiones actuales. El problema se presenta cuando las sociedades envejecen –como es el caso de la española– y la pirámide demográfica se invierte. Así, cada día habría más pensionistas y menos cotizantes, lo que finalizaría haciendo inviable el sistema. Otro riesgo se presenta en los episodios de deflación salarial como los que hemos experimentado en España. Mientras los salarios bajaban, las pensiones continuaban subiendo, al punto que la pensión media ya supera al salario medio de entrada de los nuevos cotizantes, algo inédito hasta ahora. La combinación de ambos factores, envejecimiento y bajos salarios, tensiona gravemente al sistema, que presenta un déficit que debe equilibrarse con aportaciones del Estado, con deuda o sacando dinero del Fondo de Reserva, una especie de hucha que se llenó durante los años que el sistema disfrutó de excedentes. O sea, que el envejecimiento de la población, la inversión demográfica y la deflación salarial son los factores de riesgo del sistema de reparto.

El sistema de capitalización conlleva una cuenta individual de ahorro que se entrega al trabajador en el momento que se jubila. Como elemento positivo, la motivación que supone el ver cómo su ahorro se infla con los años y la sensación placentera de que se cotiza para uno mismo. También, la posible rentabilidad de esos fondos –que pueden invertirse en deuda pública, en Bolsa o en distintos activos financieros y monetarios– podría añadir un plus de atractivo a esta fórmula. Pero el sistema de capitalización también encierra sus riesgos. ¿Qué ocurre si tras una gran crisis bursátil o financiera, las bolsas se hunden, los estados dejan de abonar su deuda o las monedas se devalúan? Pues que los ahorros de toda una vida podrían evaporarse. Aunque existen fórmulas para garantizar la seguridad de las inversiones, ninguna de ellas se ha mostrado inmune a las grandes catástrofes financieras que periódicamente terminan presentándose.

El Pacto de Toledo

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Resulta muy difícil pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización. Si lo que cada trabajador cotiza se ahorra para su futuro, ¿quién pagaría, entonces, las pensiones actuales? Por eso, más allá del estimulante debate intelectual que supone el confrontar un sistema con el otro, debemos afirmar que el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización resulta imposible en nuestro país, porque dejaríamos sin pensiones a los pensionistas actuales. O sea, que, guste o no, seguiremos con el sistema de reparto que, pese a sus riesgos, es más adecuado para nuestra realidad. Hace ya un par de decenios se creó un sistema de capitalización complementario y voluntario a través de los Fondos de Pensiones que cada persona puede sustraer con una entidad privada y que disfruta de una significativa deducción fiscal hasta una aportación máxima de 8.000 euros anuales.

Nuestro sistema de Seguridad Social, en general, ha funcionado muy bien hasta la fecha, aunque los desequilibrios terminarán, desgraciadamente, aflorando. Tras la crisis económica de 1993, para tratar de estabilizar el sistema, los partidos políticos firmaron en 1995 el Pacto de Toledo, que supuso un excelente acuerdo, en el que se proponían 15 líneas de actuación que inspiraron la acción de los sucesivos gobiernos, al tiempo que se creaba una comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación que, con sus altibajos, ha venido funcionando desde entonces. A principios de este año, por rechazo de Podemos, no pudieron aprobarse una serie de nuevas recomendaciones. El balance del Pacto de Toledo es positivo, pues permitió consensos en una materia tan inflamable políticamente. Deberían volver a alcanzarse grandes acuerdos en esta legislatura, ya que será necesario tomar medidas a corto, medio y largo plazo si no queremos que el sistema comience a deteriorarse gravemente.

El sistema se deteriora, como decíamos, debido a que los gastos crecen a mayor ritmo que los ingresos. Así, las pensiones suben tanto por la actualización del IPC como, sobre todo, porque las nuevas son mucho más elevadas que las que salen por fallecimiento. Así, la pensión media es actualmente de 1.140 euros y de 1.338 euros si nos limitamos a los nuevos pensionistas. En julio pasado el número total de pensiones ascendieron a 9.756.142, récord histórico del sistema, de las que más de la mitad, 6.048.718, fueron pensiones de jubilación; 2.362.694, de viudedad; 960.052, de incapacidad permanente; 341.942, de orfandad, y 42.736, a favor de familiares. El ratio de trabajadores por pensionista está en 2,31, una cuantía mejor que la que sufrimos durante la crisis, gracias a la recuperación del empleo. Pero el sistema sigue en un fuerte déficit, ya que los nuevos salarios bajaron mientras que las nuevas pensiones continuaron creciendo. O sea, que el sistema no solo debe soportar el mayor número de pensionistas de la historia sino, además, las pensiones más elevadas. Y esta tendencia se irá acentuando a medida que se vaya jubilando la generación del baby boom. Por eso, a pesar de la recuperación del empleo, la deuda de la Seguridad Social continuará incrementándose. En la actualidad asciende a 48.700 millones de euros, con un crecimiento anual del 40 %. El gasto de pensiones ha subido casi un 60% desde 2008.

Ampliar el ingreso, racionalizar el gasto

Este es el panorama que el Gobierno y sus señorías deben abordar. Y ojalá lo hagan de manera sensata, ecuánime y consensuada. Al final, el sistema solo se equilibra si se ingresa lo que se gasta. Pero para ingresar más no se deben subir las cotizaciones, que ya son de las más altas de Europa, so pena de destruir puestos de trabajo. Lo mejor sería la ampliación de la base de cotizantes, con más y mejor empleo, aunque para ello, dada la reducción paulatina de las nuevas cohortes por el descenso de la natalidad, se hará preciso la incorporación de inmigrantes. El FMI considera que precisaremos al menos 5,5 millones de nuevos trabajadores inmigrantes de aquí a 2050. Otra vía complementaria sería cargar gastos de pensiones a los Presupuestos Generales, para que sean financiadas por impuestos y no tan solo por cotizaciones sociales. La racionalización del gasto también es posible. Ya se han analizado diversas vías –cálculo en base a la vida laboral completa, reformulación de la pensión de viudedad, coeficiente de sostenibilidad, subida de la edad real de jubilación y otras tantas– que harían posible una contención del gasto. La combinación de medidas de uno y otro signo deberían dar como fruto la deseable sostenibilidad financiera.

Con voluntad, inteligencia y sensatez, los partidos políticos podrían conseguir un sistema equilibrado. Si no lo logran, el sistema se deteriorará con rapidez, poniendo en riesgo el patrimonio solidario y común que, durante décadas, tanto nos costó erigir.

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