El reto de la financiación de la dependencia

El modelo español, falto de financiación, deja sin cobertura a unas 250.000 personas. Mejorarlo pasa por dotar de fondos, dignificar el sector y ampliar servicios.

Casi 1.400.000 ciudadanos españoles son beneficiarios de servicios y prestaciones por dependencia, según el Imserso, un 3 % de la población. Sin embargo, el modelo se ahoga por falta de financiación y no tiene capacidad para atender a todos los solicitantes, lo que provoca que gran parte de los cuidados recaigan sobre familiares y el sector privado.

La atención a estos ciudadanos costó 8.252 millones de euros en 2018, según el Observatorio de la Dependencia. De ellos, las administraciones aportaron 6.992 millones y los usuarios, mediante copago, 1.330. Una financiación insuficiente para proporcionar cobertura universal y consolidar un mercado laboral de 540.000 empleos, según CC.OO. (330.000 en centros de día y residencias y 210.000 en servicios sin alojamiento). Y esto en un sector con tendencia a crecer: en 2020, el coste ascenderá a 11.339 millones de euros, según las proyecciones de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de la Dependencia.

Quién es quién en la dependencia

La Ley de Dependencia estableció un catálogo de servicios y prestaciones financiadas por las administraciones, y en el que participan los ayuntamientos y empresas especializadas con distintas funciones. Estos son los actores:

El gobierno central debía garantizar un nivel mínimo de cobertura del 50 % por dependiente, transfiriendo la cantidad a las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas se comprometían a igualar la aportación estatal y, adicionalmente, podían aumentar la financiación. Además, son las que tienen competencia para evaluar el grado de dependencia de los solicitantes.

Los ayuntamientos asignan el servicio o la prestación pero no tienen competencia para financiar estos servicios de dependencia aunque, en 2018, invirtieron 2.867 millones de euros en actividades sociales.

Compañías privadas y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro son las adjudicatarias de los servicios a la dependencia a través de con- cursos públicos. Empresas como Clece, filial de ACS, prestan al beneficiario los diferentes servicios, ya sea en residencias, a través de teleasistencia o ayuda a domicilio.

Según establece la ley, la Administración central y las comunidades debían aportar un 50 % del coste público, respectivamente. La realidad es que, en 2018, el Estado asumió el 16,1 % de la financiación y las comunidades un 63,3 %. La Asociación de Directivos de Servicios Sociales considera que, para dar respuesta a las listas de espera de dependientes reconocidos (hay 257.487 personas en estas listas), la aportación pública debería incrementarse en 2.500 millones de euros. Según sus cálculos, por cada millón de euros de gasto público, se generan 38 empleos directos, estables y no deslocalizables.

La necesidad de aumentar la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) es un servicio público para cuya prestación, normalmente, las Administraciones contratan empresas privadas o asociaciones sin ánimo de lucro. Es un sector que genera empleo, actividad económica y riqueza, especialmente en zonas rurales. Estos servicios son adjudicados mediante concurso público, en el que las administraciones fijan las condiciones para prestar el servicio y las condiciones de los empleados. En la actualidad, la situación del sector es la siguiente:

• Salarios. Los salarios de los trabajadores de Ayuda a Domicilio vienen estipulados por los convenios colectivos, muy dispares en las diferentes zonas geográficas de nuestro país, y esos convenios son recogidos en los concursos públicos. Cuando analizamos el precio por hora estipulado para iones del sector, cerca del 50 % de ese precio son impuestos que se revierten al sistema público (cerca del 33 % de cargas sociales, en torno al 10 % de IRPF y a un4%de IVA).

Desde Clece, como uno de los principales actores del sector de servicios sociales, reivindican la revisión de las condiciones laborales de los convenios de estos trabajadores, que prestan un servicio social imprescindible, y que esa revisión se aplique a los concursos públicos. Esto dignificaría el sector y contribuiría a la creación de empleo de calidad.
Sin embargo, han de ser las administraciones públicas quienes lo reflejen en los pliegos de condiciones.

• Horarios. Las jornadas de los trabajadores son marcadas por los técnicos y trabajadores sociales de las entidades públicas y son poco flexibles y difíciles de compaginar: se concentran en las franjas de 8:00 a 12:00 y de 20:00 a 22:00. Un diseño de horarios más flexibles para que las jornadas puedan ser más largas posibilitaría que los auxiliares percibiesen sueldos más altos. Esto, además, podría ayudar a paliar el problema de las 250.000 personas que aguardan a recibir las prestaciones que tienen reconocida por ley, sin recibir servicio.

• Mayor financiación. Una mejora de la financiación y, por tanto, mayor dotación económica para prestar el servicio, posibilitaría que se pudieran proporcionar mejores medios para la prestación del servicio, y entre otras cosas, se pudiera ampliar el catálogo de servicios adicionales que pudiera recibir el usuario (como podología, peluquería...).