La ciencia española se va al traste

La crisis económica que ha afectado a nuestro país en los últimos años y sus consecuentes recortes han ahondado la precaria situación laboral en la que ya vivían los investigadores. ¿El resultado? Abandonos, fuga de cerebros y una preocupante escasez de jóvenes con vocación científica.

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A finales de septiembre saltaba la noticia, publicada en El País: “Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros”. Entre las entidades más afectadas estaban el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid, que de septiembre al 31 de diciembre de 2017 podía perder a más de ochenta investigadores, incluidos miembros de los reputados equipos de Massimo Squatrito –dedicado al estudio de tumores cerebrales– y de Óscar Fernández- Capetillo –centrado en el cáncer y el envejecimiento–, así como una treintena del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), también en la capital de España. El problema residía en la forma de contratación tan especial que tienen los centros de investigación y que es incompatible con la ley de presupuestos generales de 2017.

La ley de la ciencia de 2011, aprobada por el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció la peculiaridad de la ciencia y estableció excepciones en la contratación para  universidades y organismos públicos de investigación (OPI) con el fin de que, por ejemplo, pudieran formalizar contratos temporales con una duración total superior a los tres años, por lo que no se les aplicarían los artículos 15.1 y 15.5 del estatuto de los trabajadores. Según aquellos, ninguna empresa puede mantener a un trabajador en un mismo puesto mediante una serie de contratos temporales ad infinitum; al cabo de dos años, el contrato debe convertirse en fijo.

Los científicos, en desventaja frente al resto de trabajadores

El problema del CNIO y del CNIC es que no son OPI, como sí lo es el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sino fundaciones públicas. Pese a ello, se venían  encadenando contratos temporales –habitualmente ligados a proyectos– más allá de la normativa laboral en aras de que los proyectos de investigación salieran adelante. De hecho, la cláusula decimoquinta del propio estatuto de los trabajadores establece que “en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados no será de aplicación a los contratos celebrados por las administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes […] ni en cualesquiera otras normas con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación”.

Incluso sin ley de la ciencia quedaba claro que en caso de proyectos de investigación en organismos públicos vinculados o dependientes ya se podían concatenar los contratos. En cualquier caso, los gerentes de las fundaciones de investigación prefirieron atenerse a dicha norma, que no los mencionaba expresamente, para cubrirse las espaldas.

De esta forma, encontramos casos de científicos que llevan toda su vida laboral empalmando contratos temporales. Como muestra, un botón: en el CNIO, el porcentaje de este tipo de contrato es del 70 % y el de contratos en fraude de ley, según el sindicato UGT, ronda el 60 %. Y no es el único. Asimismo, el CNIC –dependiente del Instituto de Salud Carlos III y apoyado por la Fundación Pro CNIC, con patronos tan potentes como BBVA, la Caixa, Mapfre, Banco Santander, Inditex...– cuenta con una plantilla de más de cuatrocientos trabajadores de los que nada menos que el 73 % son contratos temporales que, en numerosos casos, llevan en dicha situación la friolera de más de una década.

Sin poder renovar los contratos temporales ni hacer indefinidos 

Pero ¿por qué justo en septiembre se abrió la caja de los truenos y se hablaba de la posibilidad de que tantos científicos se quedaran en la calle? Porque, por primera vez, la ley de presupuestos señalaba a los gerentes de los centros públicos como responsables últimos si se cometían irregularidades en la contratación. Eso colocaba a estos directivos en una situación muy complicada; de hecho, los abocaba a negarse a renovar los contratos temporales. El resultado era un callejón sin salida y la pérdida del puesto de trabajo para un gran número de investigadores, ya que, debido a la recesión económica, desde 2012 estos centros además tienen prohibido convertir los contratos temporales en indefinidos.

El escándalo estaba servido, así que el pasado 6 de octubre el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó, vía real decreto, una modificación a la ley de la ciencia para incluir en las mismas condiciones que el resto de los centros de investigación a aquellos organismos –en este caso fundaciones– que quedaban fuera de su paraguas de protección. Sin embargo, esta solución es puramente coyuntural, y el parche del Estado parece a todas luces insuficiente; el problema de fondo, estructural, es la contratación precaria en la que se encuentran los científicos de la inmensa mayoría de los centros de investigación de este país.

Pero ¿qué necesita la comunidad científica? Algo tan sencillo como que se les aplique el estatuto de los trabajadores igual que al resto de empleados, es decir, que se cambie la ley para que les permitan hacer contratos indefinidos. Y el 21 de noviembre se dio un primer paso en este sentido: gracias a la presión ejercida en los últimos meses y a las conversaciones mantenidas por los investigadores con la Secretaría de Estado de I+D+i, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, anunció en el Senado que el 90 % de los trabajadores de centros de investigación que hayan encadenado contratos temporales durante al menos tres años pasarían a ser indefinidos, una iniciativa que beneficiaría a unos 2.500 trabajadores y que el Gobierno prevé incluir en el anteproyecto de los presupuestos generales de 2018.

La inestabilidad laboral en el sector de la investigación no es un problema que haya surgido ahora, como consecuencia de la reciente crisis económica, sino que viene de largo. Miguel Mas, director del Centro de Astrobiología, un centro mixto cuyos titulares son el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el CSIC, coloca el origen de esta situación en los años de los Gobiernos de Felipe González: “Todo habría sido mucho más favorable si los centros pudieran haber realizado contratos laborales indefinidos, algo que era común antes de la crisis de 1992, pero que hoy se restringe a las universidades en la forma de Contratados Doctor”.

En nuestros días, un OPI solo puede contratar personal investigador de dos formas: por medio de una oferta de empleo público (OEP) o en la modalidad de obra y servicio asociado a un  proyecto de investigación. Pero claro, añade Mas, “en los últimos años la incorporación de personal mediante la OEP ha sido extremadamente reducida, lo que, unido al hecho de que los recortes de financiación han impedido la continuación de contratos temporales posdoctorales, ha llevado a los centros a perder una fracción significativa de su masa de investigadores, especialmente predoctorales y posdoctorales, que son los más productivos en ciencia”. Como hemos visto antes, el caso de las fundaciones es aún más dramático.

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Abandonos, fuga de cerebros al extranjero y demandas judiciales

Esta situación ha dejado un largo rastro de cadáveres de científicos que han ido abandonando su carrera o han emigrado “en busca de oportunidades o de un sueldo decente”, decía desesperanzada M.ª Paz Martín, una investigadora de 39 años que trabaja en el Centro de Astrobiología y se define como “madre, química y en precariedad laboral”. “A muchos, como es mi caso, toda esta reforma nos ha pillado en tierra de nadie. ¿Qué hacemos ahora, personas formadas con buen currículum, pero sin posibilidad de estabilizarnos por la manera de contratar en ciencia? ¿Cómo entramos en un mercado laboral para el que estamos sobreformados?”. “Si ya es difícil combinar mujer y ciencia, ¡mediana edad-mujer-ciencia es toda una odisea!”, añade Martín.

Resulta difícil ofrecer números globales, pero, según estimaciones de la UGT, el número de empleados eventuales en los principales organismos públicos de investigación ronda los 4.500. Ante tal circunstancia, ha habido científicos que se han arriesgado a denunciar su contratación ilegal ante los tribunales para regularizar su situación y convertirse en laborales indefinidos no fijos. Esto ha colocado a los centros de investigación en una posición difícil, ya que, cuando esto ocurre, trastoca por completo sus planes de recursos humanos. Así, la gran agencia de investigación española que es el CSIC tuvo que admitir como indefinidos, por sentencia judicial, a casi setecientos científicos; algo que, según señalaba el físico Emilio Lora-Tamayo cuando aún era presidente de este organismo público, le ha costado 2,6 millones de euros desde 2013.

La precaria situación laboral de los científicos en España es endémica. Resulta llamativo que se escuche a políticos de todos los partidos hablar de lo importantes que son los investigadores para el futuro de un país y que no haya un pacto por la ciencia que los proteja.

Para la investigación es todo un reto atraer a los más jóvenes 

A todo esto hay que añadir un mal que se extiende por toda Europa: el poco atractivo que tiene para los jóvenes desarrollar un futuro laboral en el ámbito científico. Cierto es que, en las repetidas encuestas de percepción social que se tiene de la ciencia, la población reconoce su importancia y defiende que no debe recortarse la inversión en I+D. Y es más: en ellas también aparece, de manera sistemática, que la profesión de científico es una de las más valoradas. Entonces, ¿por qué muy pocos quieren serlo?

Son numerosas las causas que se aducen para explicar esta paradoja: que las matemáticas, asociadas siempre a la ciencia, son el coco de los estudiantes; que un mal profesor puede arruinar la ilusión de un joven de ser científico; que tenemos un errado modelo educativo que prima la memorización frente a la reflexión; que las carreras de ciencias son más exigentes y los universitarios buscan otras opciones más fáciles; que los jóvenes ni se plantean ir por ciencias porque desconocen las salidas que estas carreras tienen ni en qué consistirá su trabajo... Y a todo esto hay que agregar que, entre los que efectivamente llevan a cabo estudios de ciencias en la universidad, hay muy pocos que deciden dedicarse a la investigación.

En 2008, el físico Rodolfo Miranda –hoy director de la fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA Nanociencia)– ya se lamentaba de que, “al acabar la carrera, el número de los que aspiran a realizar una tesis doctoral es muy reducido”. Y la que fuera vicerrectora de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Acebal, apostillaba: “En la universidad y en el CSIC, nos quejamos de que no encontramos alumnos para el doctorado”. Hoy la situación no ha cambiado, y resulta difícil creer que no sea esta falta de expectativas de un futuro profesional estable una de las principales razones para la desbandada.

Para luchar contra ella, desde las instituciones oficiales se insiste en hacer más atractivas las carreras de ciencias. El vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Contreras, afirma que “lo ideal sería que se lanzasen campañas desde las instituciones autonómicas con el mensaje de que las ciencias son divertidas y generan empleo”. Eso se lleva haciendo desde hace una década: no se deja de proclamar que una carrera de ciencias es una buena opción de futuro, que Europa va a necesitar una cantidad de científicos y tecnólogos importante, que estas materias tienen salida..., pero los jóvenes siguen sin llenar sus aulas. Acciones como La Noche Europea de los Investigadores, La Semana de la Ciencia y otras cuyo objetivo es que los investigadores salgan a contar sus experiencias sirven para acercarla a la sociedad, pero el impacto que tienen sobre los estudiantes es más bien nulo.

También juega su papel la imagen que la sociedad tiene del científico. Atrás quedó la época dorada de los años cincuenta, cuando los científicos –y en particular los físicos– eran vistos como héroes nacionales, ya que la ciudadanía percibía que gracias a ellos se había ganado la II Guerra Mundial. Porque, poco a poco, los científicos –quizá por un orgullo mal entendido– fueron dando la espalda a la población general. Aunque muchos de ellos luchan por reducir la  brecha que se ha abierto con la sociedad, no es menos cierto que otros siguen encaramados en su torre de marfil. Este ejemplo lo ilustra bastante bien: en 2007 –un año que no queda tan lejos–, en Bruselas, durante una reunión con motivo de establecer un premio de divulgación, la propuesta de que este fuera atribuido por un jurado mixto de científicos y personas de la calle fue desestimada con vehemencia en el turno de preguntas: se insistió en que los únicos preparados para evaluar algo así eran los propios investigadores.

Un problema que viene de largo y que no solo afecta a España

En 1999, el profesor de la Universidad de Washington Jonathan Katz publicaba el artículo No te conviertas en científico, en el que hacía un recorrido por lo que significaba dedicarse a la investigación en física en Estados Unidos a finales del siglo XX. Su conclusión era la siguiente: “La ciencia no ofrece una carrera profesional razonable”. ¿Por qué?: “En lugar de obtener un trabajo formal dos años después del doctorado, como era lo usual hace veinticinco años, la mayoría de los jóvenes científicos pasa cinco, diez o más años como posdotorado. No tienen ofertas de empleo permanente y, a menudo, obtienen un nuevo puesto posdoctoral y se mudan cada dos años. —Y añadía respecto a esa precariedad laboral—: El abaratamiento del mercado laboral científico indica que incluso los más talentosos se quedan en espera durante un largo tiempo... Si puedes obtener un buen trabajo como programador, ¿por qué no hacer esto a los veintidós en vez de soportar una década de miseria en el mercado laboral de los científicos?”.

Casi veinte años después, la situación no ha cambiado en absoluto. Y resulta muy triste para un país que es la cuarta economía de la Unión Europea que una investigadora diga, con el corazón en un puño: “Prefiero que mi hija me diga que quiere ser de mayor cualquier cosa menos científica”.

 

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Muy Interesante número 440.

Miguel Ángel Sabadell

Miguel Ángel Sabadell

Salmantino del 66, es astrofísico, escritor y periodista. Fue asesor de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón y responsable de divulgación científica del Centro de Astrobiología. Durante muchos años ha sido editor de ciencia de Muy Interesante.

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