¿Qué es la mochila austríaca y cómo afecta al mercado de trabajo en España?

En los últimos meses su implantación ha estado encima de la mesa.

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A propósito del fondo de recuperación que la Unión Europea ha preparado para paliar las consecuencias económicas de la pandemia, en las últimas semanas ha vuelto a los titulares y al debate en la calle un posible alargamiento de la edad de jubilación en España.

Como consecuencia, se ha vuelto a hablar de las peculiaridades de nuestro mercado laboral, donde la temporalidad aún continúa siendo muy alta, a pesar de las medidas del Gobierno como la implantación y extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (los conocidos ERTES, que todavía siguen en vigor aunque lo peor de la pandemia ya pasara hace mucho).

Hace unos meses, el propio Banco de España, a través de un informe, aseguró que era fundamental corregir los defectos de un mercado laboral que lleva décadas presentando altos niveles de paro y temporalidad. Para acabar con el abuso de los contratos temporales, explicaba el organismo en el texto, es necesario acabar con la dualidad del mercado laboral entre trabajadores altamente protegidos y otros que no lo están. Y como remedio, lanzó una propuesta de aplicación de la llamada mochila austriaca, cuya transición se financiaría con 8.600 millones de los fondos europeos para respetar todos los derechos adquiridos de indemnización que acumulan los trabajadores.

¿Qué es la mochila austriaca?

Es una cuenta a nombre de cada trabajador en la que la empresa deposita periódicamente, y por adelantado, una cantidad de dinero correspondiente al despido. Esa cantidad de dinero, que contiene los fondos que pertenecen al trabajador, se puede trasladar a otro puesto de trabajo, o disponer de ellos en caso de ser despedido. También se puede mantener hasta que el trabajador se jubile.

Lo que el Banco de España propuso, y que ahora el Gobierno ha dejado entrever que puede aplicarse, es la creación de ese fondo, propiedad del empleado, en el que la empresa adelanta una parte del despido, y el dinero que allí acumula el asalariado puede llevarlo a otro trabajo, utilizarlo si se queda en paro o guardarlo para la jubilación. Como la empresa está pagando a los despedidos con los derechos adquiridos hasta la fecha y a los que no, este mecanismo representa un incremento muy importante en el coste de los 7.000 millones que las empresas gastan al año en indemnizaciones.

Por lo tanto se plantean dos cosas: que el Estado financie el período de transición con 8.600 millones, aprovechando fondos europeos. O que se reduzcan a la mitad los costes del despido. De esta manera, el coste total es el mismo, pero se distribuye de otra manera. Los trabajadores temporales, según el documento del Banco de España, saldrían ganando, ya que los ajustes que emprendan las empresas no se harán en base al precio del despido. Además, dicen, se facilitaría la movilidad de los trabajadores, mejorando finalmente sus salarios.

A los trabajadores más antiguos se les respetarían los derechos adquiridos hasta ese momento. Pero a partir de ahí, esa compensación sumaría la mitad más la mochila por cada año adicional que continúe trabajando.

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